Líderes y lideresas del Chocó manifiestan tener miedo de presentar informes, acreditarse como víctimas y participar de esta justicia transicional por los riesgos a la vida que hay en el territorio.
En el Chocó, entre 2019 y el primer trimestre del 2020 se registraron 11.000 personas desplazadas producto del conflicto armado en la región.
El 17 de junio de este año la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicó un comunicado sobre las preocupaciones de los líderes sociales del departamento por la presencia de grupos armados ilegales que operan en la zona y que podrían estar perjudicando su participación como víctimas ante la JEP.
Y aunque si bien es cierto que esta justicia no ha abierto ningún macrocaso relacionado con los crímenes cometidos en el conflicto armado en este departamento (está abierto un macro caso sobre Urabá que tiene un capítulo en Chocó, pero también en Antioquia), han hecho extensiva la invitación a que las víctimas del conflicto aporten a la verdad en este sistema. Sin embargo, la idea no ha hecho mucho eco porque la gente teme por sus vidas.
Marcial Gamboa, líder social y quien acompaña procesos con la Asociación de Consejos Comunitarios (Ascoba), dijo que lo más importante ahora sería que la JEP abra un macrocaso sobre lo que ha ocurrido en el departamento. “Acá tienen que reconocer a todos los actores, no solo fueron las Farc sino también los paramilitares, el Eln, los políticos tradicionales y creo que la JEP tendría una información muy importante si se investigara lo que ha pasado aquí”, señaló.
Un líder social de Bojayá que pidió guardar su identidad por seguridad dijo que aunque se han hecho grandes esfuerzos por aportar a la justicia transicional, la situación del conflicto armado en medio de la pandemia se ha recrudecido. Además, la falta de acceso a los servicios básicos como el acueducto y las vías de comunicación hacen que, durante la cuarentena nacional, sea aún más difícil poder aportar a cualquier sistema de justicia.
Sobre este tema la UIA de la JEP, a través del Grupo Territorial en Quibdó, explicó que han hecho varias reuniones virtuales con el fin de explicarles el funcionamiento de esta jurisdicción e incentivar su participación, sin embargo expusieron la misma preocupación: muchas personas que tienen información no están dispuestas a aportar a la verdad por el temor que hay por las estructuras armadas de la zona.
Aunque Chocó fue uno de los departamentos donde la antigua guerrilla de las Farc ejerció una fuerte presencia, desde la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) vio el surgimiento de grupos sucesores del paramilitarismo como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) que hoy han tomado el control de subregiones como Bojayá y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en zonas como el Alto Baudó.
De hecho, a comienzos de este año en Pogue (Bojayá), hombres armados que se identificaron como miembros de las Agc entraron al territorio y confinaron a la población, según denuncias de los habitantes, por una semana aproximadamente. Algo similar a lo que sucedió a finales de enero y comienzos de febrero en Riosucio, Bahía Solano, Carmen del Darién y Vigía del Fuerte cuando la comunidad denunció también una incursión paramilitar que hacían presencia en los cascos urbanos a plena luz del día.
Una lideresa de la subregión de San Juan dijo que esta situación “ha conllevado a que muchas organizaciones no estemos cien por ciento vinculadas al proceso de la JEP por el miedo, porque tenemos una situación de vida diferente a la del resto del país al convivir a diario con grupos armados legales e ilegales”, afirmó.
De hecho, aunque en esta subregión hay un Proyecto de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), creados a partir del Acuerdo con el fin de atender las regiones más golpeadas por el conflicto armado, la lideresa dice que siguen sintiendo abandono Estatal. “Participemos o no participemos de la justicia transicional igual vamos a estar en riesgo, porque el riesgo va estar ahí siempre entonces yo sí creo que tenemos que hacer lo posible para entrar ahí y contar lo que sucedió”, dijo.
La mujer, que lidera procesos con comunidades afro e indígenas en varias subregiones del Chocó, dijo además que, aunque han tenido la voluntad de presentar informes ante la JEP y participar de la justicia transicional, en estos momento es imposible por el confinamiento obligatorio y porque los grupos armados ilegales no permiten la movilidad fluida entre territorios. “En estos territorios impera la ley del silencio y esa ley se llama arma, se llama bala, pero si todo el tiempo estamos pensando en mejor no hablar pues siempre vamos a ser víctimas del conflicto”.
Leyner Palacios, secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico comentó que, aunque la voluntad de todos es aportar al sistema de justicia transicional la situación actual está impidiendo que el proceso avance. “Yo llevo varias días con el formulario diligenciado para la JEP pero no lo he entregado porque no hay garantías para nuestra seguridad”, señaló.
Además, dijo que las dificultades de comunicación que tienen muchas comunidades hacen que la pandemia no sea “el mejor momento” para acceder a esta justicia por los problemas de acceso a dispositivos de comunicación, a señal telefónica o a recursos como el internet.
Pero ¿qué está haciendo la JEP para proteger a estas comunidades que podrían aportar al esclarecimiento de la verdad? Según una fuente de la UIA de la JEP consultada por Colombia2020, aunque la jurisdicción puede proteger a la población de su interés (comparecientes o víctimas del conflicto acreditadas o en zonas donde hay algún macrocaso), en lo corrido del 2020 no han recibido ninguna solicitud de protección por parte de líderes y lideresas en Colombia.
“Si esas amenazas, por ejemplo, llegaran a provenir de un compareciente de la JEP podemos pedir exclusión de beneficios o de la jurisdicción, pero eso no ha sucedido y esperamos que no pase. También lo que hemos hecho es alertar a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y otros organismos para que sean ellos los que intervengan para proteger a la población”, aseguró la fuente.
Distinto a lo que ha ocurrido con los comparecientes (excombatientes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública) que sí han hecho solicitudes ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP. Según Alejandro Ramelli, presidente de esta sección, en julio y agosto de este año se convocarán a audiencias públicas de medidas cautelares de protección a varias de estas personas que han manifestado estar en riesgo por su vida.
Estas audiencias se realizarán con comparecientes de los departamentos de Antioquia y Meta y tienen como fin identificar los riesgos de la vida e integridad personal de los excombatientes en proceso de reincorporación, de miembros de la Fuerza Pública y “medir la efectividad estatal en términos de construcción de garantías de seguridad colectiva y avances en el desmantelamiento de las organizaciones responsables de la comisión de estos crímenes”, señaló el magistrado en un video de la jurisdicción.
