Por Leyner Palacios, víctima de la masacre de Bojayá y líder social chocoano.
Tomado de https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/leyner-palacios-critica-al-gobierno-nacional-por-situacion-en-choco/
En estos días observaba con gran indignación y sorpresa la actitud negacionista de algunos funcionarios del actual Gobierno respecto a la grave crisis humanitaria que sufre el Chocó. En mis oídos retumbaba esa negación manifestada en las palabras de un ministro que calificó las denuncias de la Iglesia católica como “falsas” y “extravagantes”.
A ese funcionario no le parece extravagante que Quibdó tenga una tasa de homicidios que es casi cinco veces mayor que la del resto del país, o que según la Defensoría del Pueblo, el 72% de los habitantes del Chocó se encuentren en riesgo, o que el departamento siga entre los primeros con más víctimas de minas antipersonas, o que en 2021 haya sido donde ocurrieron más confinamientos por culpa del conflicto armado.
¿Hasta cuándo sufrirán nuestras comunidades? ¿Hasta cuándo sufrirán los indígenas, los afros, los campesinos, las mujeres, los más desfavorecidos, los habitantes de las periferias? Hay una gran desproporcionalidad en el conflicto armado: es machista, racista y clasista, golpea más duro a los campesinos pobres, a las comunidades étnicas, a las mujeres.
Ya no nos sorprende que sean ellos quienes tengan que aguantar la barbarie y escenas de terror que imponen los grupos armados en sus estrategias de sometimientos. Pero ahora también les toca aguantar la actitud negacionista de los funcionarios y su incapacidad para conducir al país, en una peligrosa omisión de su deber, que pasa por encima de la Constitución.
Es una vergüenza que sea negada la crisis humanitaria del departamento del Chocó y el Pacífico, y también de otras regiones como Arauca. Una vergüenza que está a la vista de todos.
La crisis humanitaria de nuestros territorios no es nueva, es más vieja que algunos de los funcionarios que la niegan, por eso no la conocen y como pocas veces salen de Bogotá, no han vivido estas realidades.
En el Chocó empezó en 1996 con las incursiones del paramilitarismo y la presencia de las guerrillas, actores que convulsionaron la vida de las comunidades. Desde entonces no hemos podido superar el ciclo de violencia. Las comunidades están en las garras de los grupos armados, pero también en las garras del olvido y el abandono institucional.
No son las iglesias las que tienen la obligación de investigar el objeto de estas acusaciones, sino los organismos de control estatales cuya
Reconocer y hacer reconocer el cuerpo de las mujeres como propio junto al ejercicio de su autonomía no son cosas de Satanás.
Recordemos los asesinatos de líderes, los desplazamientos que no se detienen, la violencia sexual, las minas antipersona, las múltiples alertas de la Defensoría inatendidas. Puedo decir sin equivocarme que en el Chocó el 80% de su población ha estado confinada alguna vez en su vida. Negarlo hace que duela más: habría esperanza si el gobierno al menos reconociera ese dolor, por eso es tan indignante.
La Diócesis de Quibdó y los obispos del Pacífico se han pronunciado sobre esta crisis y la realidad de la gente. Los organismos de control pueden verificar esas denuncias, ratificadas por organizaciones en los territorios. También pueden crearse mecanismos de seguimiento y vigilancia a la violación de Derechos Humanos. Pero el Gobierno asume una postura indolente ante el sufrimiento.
Quiero convocar a la sociedad colombiana a que no cierre los ojos a esta violencia. Ustedes han sido solidarios con las periferias, ustedes pueden obligar al Estado a responder por estos territorios, ustedes pueden empujar procesos de cambio que, como si fueran una creciente del río Atrato, nadie podrá atajar.
