Por acción de la Procuraduría, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente de la República, a la ministra del Interior y al director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres adoptar las medidas necesarias para efectuar de manera efectiva la entrega de ayudas humanitarias del programa “Colombia está contigo: un millón de familias”, a las comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y el Pueblo Room.
El Ministerio Público presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana y al mínimo vital – alimentación, de estas comunidades, y advirtió que están sufriendo vulneraciones con ocasión de la emergencia derivada del covid-19.
El órgano de control argumentó la necesidad de flexibilizar requisitos administrativos para que las ayudas puedan llegar directamente a las comunidades étnicas, y alertó sobre los pocos avances en materialización de sus derechos fundamentales.
“Es inaceptable que en medio de una emergencia sanitaria que amenaza y compromete la vida, se empleen herramientas, procedimientos y requisitos convencionales y rígidos que no se compadecen con la situación grave y excepcional que está de por medio y que han imposibilitado, hasta la fecha, la entrega de estas ayudas agudizando el hambre y el riesgo de exterminio de los pueblos étnicos”, advirtió la Procuraduría.
Al resolver en primera instancia la acción judicial, el tribunal amparó los derechos de las comunidades focalizadas en el programa Colombia está contigo: un millón de familias”, y ordenó que de manera coordinada con alcaldes y gobernadores se adopten las medidas para la entrega de las ayudas a los pueblos identificados en la base de datos que ascienden a 468.896 y 17.488 kits de bioseguridad destinados para la Guardia Indígena.
Así mismo, ordenó a Mininterior que una vez culmine con las ayudas humanitarias que ha focalizado para las comunidades, incorpore a los pueblos “Achagua, el Resguardo de Mayasquer en Nariño, los Embera Chami en Medellín, el Pueblo Zenu en Medellín, el Pueblo Kichwa en Medellín, el Pueblo Zenu en Barranquilla, los Embera Chami en Bogotá, la Etnia Embera Katio del Chocó y de Risaralda y etnia Katio y Chami en Bogotá, el Cabildo Indígena Zenu de Membrillal en Caizem Bolívar, los pueblos Kankuamo, Zenu, Inga, Malibu y Familias Nasa Bolívar en María La Baja Bolívar, Korebaju, Murui Muina/Uitoto, Inga, Nasa, Embera chami, Andoque, Pijao, Misak en el Caquetá”, sin perjuicio de las demás que se hayan individualizado por esta cartera y que no fueron focalizadas.
También fueron amparados el derecho fundamental a la vida y a la seguridad personal de varios líderes sociales, y ordenó a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que preside el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas (CERREM), convocar y programar una sesión con el fin de analizar sus casos y determinar el nivel de riesgo.
Finalmente, ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adoptar las medidas preventivas con el fin de preservar la vida y seguridad de los líderes.
