El pasado 19 de marzo de 2024, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali, falló a favor del territorio colectivo y de las familias del Resguardo Emberá Chamí del Cañón del Río Garrapatas.
La sentencia ordena entregar 14.334 hectáreas a 330 familias de 11 comunidades indígenas de Sipí (Chocó) y Bolívar (Valle del Cauca). Son 1.545 víctimas del conflicto armado que serán beneficiadas y se garantiza su derecho fundamental a la restitución de derechos étnico–territoriales.
“Las familias y el territorio colectivo han sufrido todo tipo de violencia en medio de la guerra, son víctimas de abandono por los desplazamientos masivos forzados, se afectó su derecho a la posesión, uso y goce del territorio y su relación espiritual con la tierra también se deterioró”, señaló Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó esta demanda en diciembre de 2020 y fue aceptada por el juzgado de Cali, el 9 de febrero de 2021.
El jefe de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la URT, Acxan Duque, indicó que el cumplimiento de esta sentencia va a posibilitar el retorno del pueblo Embera, el desarrollo de proyectos productivos, la seguridad alimentaria, educación, vivienda, protección y seguridad.
Según el fallo, la URT, en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Armadas de Colombia, deben garantizar que las familias retornen a sus territorios en condiciones de seguridad y dignidad.
La población Emberá se encuentra en una zona en disputa por el cultivo de coca y control de laboratorios ilegales, además de ser un corredor hacia el océano Pacífico para el envío de drogas ilícitas e ingreso de armas.
Para la autoridad judicial, existe una dinámica progresiva de ataques contra los Emberá, acciones de grupos paramilitares, narcotráfico, guerrilla y bandas criminales, que los han obligado a desplazarse y a vivir confinados en diferentes regiones del país como Cali y Bogotá.
Desde junio de 2023, casi todos los integrantes de las 330 familias que componen el Resguardo beneficiario del fallo, están desplazados en El Dovio (Valle del Cauca) a la espera de que el Estado les repare.
La sentencia también le ordena al Ejército Nacional que realice un acto público de contrición y presente disculpa oficial, en nombre del Estado colombiano, por el abandono y confinamiento sufrido por las comunidades del Resguardo.
Asimismo, deben abstenerse de realizar acciones militares en el territorio Emberá, las cuales impliquen peligro inminente para la integridad de los indígenas, obligándoles a respetar y a aplicar el Principio de Prevención y Precaución.
