- Desde la primera infancia hasta la educación superior, el Gobierno del Cambio impulsó una transformación estructural para dignificar la educación pública. Más de 125 mil niños y niñas accedieron a prejardín y jardín fortaleciendo su trayectoria educativa desde los primeros años de vida; más de un millón de jóvenes accedieron gratuitamente a la universidad; la educación superior llegó por primera vez a cientos de municipios históricamente excluidos y el país quedó con recursos, infraestructura educativa y reformas que garantizan la continuidad de este derecho para las próximas generaciones.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro entrega al país una de las transformaciones más profundas que haya vivido la educación pública en Colombia. Durante estos cuatro años, el Ministerio de Educación Nacional trabajó para hacer de la educación un derecho efectivo, ampliando el acceso, fortaleciendo la permanencia, dignificando las condiciones de aprendizaje y llevando oportunidades a territorios donde el Estado estuvo ausente.
Trabajamos por la niñez del país
Uno de los principales avances del Gobierno del Cambio fue ampliar el acceso a la educación inicial en las instituciones públicas. En 2022, solo 600 sedes educativas oficiales ofrecían los grados de prejardín y jardín, hoy son más de 6.400 sedes que incorporaron estos grados, una expansión que llegó a 771 municipios del país, de los cuales 300 son municipios priorizados.
Es importante destacar que no se trata de sedes nuevas, sino centros educativos que ya existían y que ampliaron su oferta para que más niñas y niños pudieran iniciar su trayectoria educativa desde los primeros años, especialmente en los territorios con mayores brechas de acceso. Solo en los 300 municipios priorizados, cerca de 50.000 niñas y niños de beneficiaron con esta ampliación.
Este fortalecimiento de la oferta estuvo acompañado de acciones para garantizar que la educación inicial este en el marco de la atención integral. Mientras en 2022 el país registraba 403.862 niñas y niños, al cierre del Gobierno la cifra educación inicial en el marco de la atención integral del sector educativo supera los 529.000, lo que representa más de 125.000 niñas y niños adicionales. Además del acceso, esta estrategia fortaleció las condiciones para aprender desde los primeros años, con docentes cualificados, ambientes pedagógicos enriquecidos, alimentación escolar, y más acciones para fortalecer el vínculo y participación de las familias.
Adicional, la transformación surgió desde la base, allí donde la vida comienza, en articulación con el ICBF, logramos que más de 2 millones de niños, niñas y de 0 a 5 años, incluyendo personas gestantes sean atendidas en educación inicial en el marco de la atención integral.
Reconociendo que el sentido de la educación no se limita a la enseñanza de contenidos curriculares, trabajamos para resignificar la jornada escolar de cerca de un millón de niños, niñas y adolescentes de colegios públicos, quienes se forman en el ser y en el saber con el fortalecimiento del programa de Formación Integral en 5.519 colegios que cuentan con centros de interés y una jornada diversa donde se promueve el arte, el deporte, la ciencia, la cultura y el desarrollo de habilidades para la vida.
Al reconocer que una de las brechas más amplias y persistentes en los territorios del país radicaba en el tránsito a la educación media, y a la educación superior, mediante el programa SIMES, orientamos nuestros esfuerzos a la apertura de grados de secundaria y media en más de 21 territorios, viabilizando 2.294 cargos de planta docente y logrando que más de 200 mil estudiantes de municipios donde culminar la trayectoria educativa era imposible, lograran continuar sus estudios, eliminando barreras entre niveles de formación, y facilitando las condiciones para que muchas escuelas rurales tengan la posibilidad de graduar su primera generación de bachilleres.
Estas transformaciones también lograron reconocer el papel fundamental de los maestros y maestras en la construcción de un sistema educativo digno. Por esta razón, 6.792 docentes fueron beneficiados con becas condonables y más de 15.890 participaron en programas de formación continua. Además, 106.872 educadores lograron aprobar la prueba para ascender o reubicarse en el escalafón docente, haciendo posible mayores ingresos que reconocen y dignifican la labor docente.
Otro de los grandes desafíos para garantizar el derecho a la educación para los estudiantes de todo el territorio nacional fue recuperar la infraestructura educativa pública abandonada por la negligencia estatal. Mientras miles de estudiantes recibían sus clases en salones comunales, polideportivos y casas prestadas, decenas de proyectos permanecían inconclusos, transitando a la lista interminable de elefantes blancos. Por esta razón intervenimos ante esta situación, mejorando y ampliando 11.119 y dotando con mobiliario nuevo más de 25.000 ambientes educativos.
Estas transformaciones han implicado también el fomento de la permanencia de nuestros niños y niñas en el sistema educativo. Para ello, hemos fortalecido el Programa de Alimentación Escolar, dando prioridad a las zonas rurales y llegando a 5,8 millones de estudiantes atendidos. Para ello junto a la UAPA robustecimos los mecanismos de control de calidad y transparencia en aras de asegurar una alimentación digna, incluso en los recesos escolares, para todos los estudiantes del sistema educativo público.
Educación superior gratuita para los jóvenes del país
La educación superior pública en Colombia vivió una expansión histórica. Gracias a la política de gratuidad, cuyos recursos fueron asegurados por este gobierno para la posteridad, más de un millón de estudiantes fueron beneficiados durante los últimos tres años. Solo en 2025, el Gobierno transfirió 2,9 billones de pesos a las instituciones de educación superior públicas para fortalecer su funcionamiento y garantizar el acceso, especialmente para aquellos jóvenes provenientes de poblaciones vulnerables y territorios apartados.
Uno de los hitos más importantes de esta transformación fue la reforma a la Ley 30 de 1992, que moderniza el modelo de financiamiento de la educación superior pública y garantiza 4,22 billones de pesos adicionales para fortalecer financieramente a las instituciones públicas, lo que representa un crecimiento cercano al 35 % frente a los recursos existentes en 2022. Se trata de una reforma histórica que responde a una demanda de décadas de los jóvenes, que se manifestaron, lucharon, resistieron y hasta su vida dieron para fortalecer la sostenibilidad y garantizar el derecho de los colombianos a educación superior pública, gratuita y de calidad. Así, hemos logrado que 425.096 nuevos estudiantes accedan a la universidad pública.
Asimismo, con la estrategia Educación Superior en Tu Colegio, la universidad dejó de ser un privilegio reservado para las grandes ciudades y llegó con programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios a 954 colegios de 427 municipios del país, beneficiando a más de 120.000 estudiantes con una oferta pertinente, conectada con las vocaciones productivas de cada territorio y diseñada para que los jóvenes pudieran construir su proyecto de vida sin alejarse de sus comunidades.
Esta apuesta se fortaleció paralelamente con el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), mediante el cual 5.045 jóvenes pudieron continuar su trayectoria educativa gracias a alianzas con universidades públicas y el SENA, reduciendo una de las principales causas de deserción entre la educación media y la educación superior. El 47,91% de los bachilleres graduados de grado 11 en 2024 accedieron a educación superior en 2025.
Así mismo, el Gobierno Petro cumplió con la mayor transformación en infraestructura de educación superior pública en décadas: 108 proyectos y más de $1,7 billones en ejecución. Las intervenciones financiadas por el Ministerio de Educación Nacional están en 66 municipios de 23 departamentos, con universidades nuevas, sedes ampliadas, aulas modulares, laboratorios, dotaciones y espacios que abren miles de cupos para jóvenes en todo el país.
Como garantía de continuidad, el Gobierno de Gustavo Petro también aprobó el CONPES 4181, que declara de importancia estratégica el Plan Nacional de Espacios Educativos como Centros de la Vida Comunitaria y asegura una inversión de 13,11 billones de pesos hasta 2036 para construir, ampliar, mejorar y dotar infraestructura educativa en todos los niveles de formación. Esta hoja de ruta permitirá fortalecer la calidad, la permanencia y el acceso a la educación pública para millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes durante la próxima década.
Un legado que hay que defender
Los avances alcanzados durante estos cuatro años representan mucho más que cifras. Se trata de la vida de miles de niñas y niños que hoy comienzan su trayectoria educativa con mejores oportunidades; estudiantes que permanecen en las aulas gracias a la alimentación escolar; docentes con mejores condiciones para enseñar; jóvenes que acceden gratuitamente a la universidad; comunidades que, por primera vez, cuentan con educación superior en sus propios territorios; e instituciones públicas que hoy tienen mejores condiciones para seguir creciendo.
Este Gobierno deja un legado que le pertenece a Colombia, una educación pública más fuerte, con políticas estructurales, recursos garantizados, proyectos en marcha y oportunidades que llegaron, por primera vez, a territorios cuyas demandas nunca fueron escuchadas. Hoy la responsabilidad es colectiva, debemos proteger, fortalecer y sostener cada uno de estos avances, porque representan el derecho de millones de niñas, niños, jóvenes, docentes y comunidades de vivir con dignidad.
Los derechos no tienen reversa, ni un paso atrás en la defensa de la educación pública. Aquí estaremos para cuidar cada escuela, universidad, oportunidad y conquista social alcanzada, porque educar es defender el presente, garantizar justica social y construir un país digno, no para unos pocos, sino para todas las personas que lo habitan.
