- La entidad verificó un solo prestador de salud, baja confianza en la justicia por presencia armada ilegal e informalidad en la tenencia de la tierra.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Risaralda, llevó a cabo los días 15 y 16 de julio de 2026 una jornada Buen Futuro Hoy en San José del Palmar, Chocó, junto con la Personería Municipal. La verificación, hecha por siete delegadas de la entidad, encontró fallas en el acceso a salud, débil confianza institucional en casos de violencia de género y barreras para la formalización de tierras en la zona rural.
Niñez, adolescencia y personas mayores
En la Institución Educativa San José del Palmar, un equipo de la Defensoría trabajó con estudiantes de sexto grado en la prevención del bullying y el acoso escolar. Con los estudiantes de séptimo grado, integrantes de la Red de Niñez Palmareña Defensora de la Constitución, abordó temas de democracia y derechos humanos. También se verificó el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar y del transporte estudiantil.
La jornada incluyó, además, una visita al Centro de Larga Estancia Hogar Manuel Virgilio Ayala, donde se revisaron las condiciones de atención de las personas mayores residentes, y una revisión con la Administración Municipal de los avances en política pública de envejecimiento y vejez. La Defensoría constató que el municipio cuenta con el Comité Municipal para la Prevención y Atención de Casos de Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, y con el Equipo de Acción Inmediata.
Un solo prestador de salud y una ambulancia para todo el municipio
San José del Palmar solo cuenta con una Institución Prestadora de Salud (IPS) y no tiene hospital público, lo que limita la atención integral de la población, según constató la Delegada para la Salud de la Defensoría. El municipio dispone de una única ambulancia para trasladar a pacientes que requieren atención de mayor complejidad, situación insuficiente ante urgencias o traslados simultáneos.
Buena parte de la población está afiliada a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Comfachocó. La Defensoría del Pueblo adelantará actuaciones ante autoridades nacionales, departamentales y municipales para impulsar la construcción de un hospital público que garantice una prestación adecuada y continua del servicio de salud.
Baja confianza en las rutas de atención para violencias basadas en género
Una visita a la Comisaría de Familia y a la Estación de Policía Nacional, hecha por la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, evidenció baja confianza de la comunidad en la Comisaría de Familia, asociada a la presencia de un grupo armado ilegal en el territorio, cuyas dinámicas de control generan temor y limitan el acceso de las mujeres a la justicia. La delegada aprovechó la visita para capacitar a los funcionarios responsables sobre las rutas de atención.
En lo corrido del año, la Comisaría de Familia solo ha recibido una denuncia por violencia basada en género o violencia intrafamiliar, cifra que podría reflejar subregistro más que ausencia de estos hechos. La Defensoría hará seguimiento a las condiciones de seguridad y a la implementación de las rutas de atención en el municipio.
Formación en derechos humanos y participación juvenil
Integrantes de las Juntas de Acción Comunal, del Consejo Municipal de Juventudes y funcionarios de la Secretaría de Gobierno recibieron capacitación de la Delegada para la Promoción y Divulgación de Derechos Humanos sobre mecanismos de participación ciudadana, derecho de petición, acción de tutela y la Ley 2166 de 2021. Con estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa San José del Palmar se realizó, además, un cine foro sobre dignidad humana, igualdad y no discriminación.
El enlace de la Delegada para el Buen Futuro de las Juventudes y la Protección del Derecho al Deporte acompañó al Consejo Municipal de Juventud, con base en la ley estatutaria juvenil. El ejercicio permitió identificar la necesidad de fortalecer la asistencia técnica de la Administración Municipal y las capacidades de los consejeros electos para liderar procesos juveniles en el territorio.
Atención a cerca de cien víctimas del conflicto armado
Cerca de cien personas víctimas del conflicto armado recibieron orientación de la Delegada para las Víctimas y la Movilidad Humana sobre ayuda humanitaria, indemnización administrativa, Registro Único de Víctimas y activación de rutas institucionales. La delegada también asesoró a sujetos de reparación colectiva étnicos y a comunidades indígenas y afrodescendientes en sus procesos de formalización territorial.
La Defensoría acompañó, además, a las autoridades locales en la activación de los Comités de Justicia Transicional para la atención de eventos masivos, y estableció compromisos con la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras.
Informalidad en la tierra y baja presencia institucional en lo rural
Autoridades locales, productores rurales y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) dialogaron con la Delegada para Asuntos Agrarios, Territorialidades y Derechos del Campesinado sobre desarrollo rural, seguridad alimentaria y protección de los recursos naturales. El encuentro identificó disposición institucional para fortalecer la asociatividad y los proyectos productivos, así como interés por consolidar el Comité Municipal de Reforma Agraria.
El mal estado de las vías, los derrumbes y las restricciones de movilidad por alertas de seguridad limitan el acompañamiento técnico permanente al campesinado; en el municipio no hay oficinas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ni de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao). La informalidad en la tenencia de la tierra sigue siendo el principal obstáculo para el acceso a créditos y programas estatales, mientras la comunidad expresa preocupación por la actualización catastral y por los posibles impactos de la expansión minera sobre la producción agrícola y los recursos hídricos.
Con base en estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo concentrará su gestión en tres líneas: la formalización de la propiedad rural y el acceso a la Reforma Agraria, la protección de la vocación agrícola y de los derechos colectivos frente a la minería, y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y las capacidades productivas del campesinado mediante mayor articulación institucional.
