(Por Jorge Salgado)
El pasado 6 de septiembre la Comisión Legal Afrocolombiana del Congreso Nacional realizó una sesión de análisis de los acuerdos firmados por el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó y el gobierno central en los paros cívicos del Chocó de 2016 y 2017.
Al acto asistió el viceministro del Interior, Carlos Baena, quien afirmó que el gobierno de Iván Duque ha cumplido, ya que ha invertido y ejecutado en su mandato en el Chocó 1,5 billones de pesos relacionados con los acuerdos de los paros cívicos, principalmente en infraestructura con un monto de 987 mil millones de pesos.
Dijo que en pavimentaciones el gobierno Duque ha asignado 940 mil millones de pesos, 588 mil millones en la pavimentación Quibdó-Medellín y 352 mil millones en la pavimentación Quibdó-Pereira.
Esto es mentira. La pavimentación de estas dos vías se inició en el 2009, año del paro cívico del Chocó contra el gobierno de Álvaro Uribe, cuando se aprobó el primer paquete de contratos, Fase 1.
Luego vinieron la Fase 2 en el año 2012 y la fase 3 en 2015. En el presupuesto nacional de 2015 no se asignaron nuevos dineros y en el proyecto de presupuesto de 2016 tampoco se habían incluido recursos. Los trabajos de fase 3 terminaban en septiembre de 2018 y en esas condiciones iban a quedar las pavimentaciones truncadas por la no asignación de nuevos recursos.
Por ello el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó convocó y dirigió los maravillosos paros cívicos de agosto de 2016 y mayo de 2017, donde se logró la suma de 720 mil millones de pesos para estas pavimentaciones, en dos etapas: 440 mil millones de pesos en 2017 y 280 mil millones de pesos previstos para 2018.
Fue así como se firmaron los contratos de Fase 4 en diciembre de 2017 con los 440 mil millones iniciales con las firmas Latinco (El 18-El 12), Consorcio Vías para el Chocó (El 12-El 7) e Ingevías (Corcovado-Guarato).
El gobierno Santos incumplió el compromiso de los 280 mil millones de pesos en 2018. Y también incumplió el gobierno Duque este compromiso durante los años 2018, 2019 y 2020. Solo por la presión constante y admirable de los miembros del Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó el gobierno Duque asignó los 280 mil millones en este año 2021, para los contratos de Fase 5.
Lo anterior prueba que el gobierno Duque miente al afirmar que ha aportado 940 mil millones de pesos para estas pavimentaciones. En el mandato de Duque solo se han aprobado para este proyecto 280 mil millones de pesos, luego de más de dos años de presión del Comité Cívico. En el solo tema de las dos principales pavimentaciones del Chocó el viceministro Baena infló la cifra y presentó un dato falso superior en 707 mil millones de pesos al dato real.
. Sumó vacas con caballos, al incluir en sus cifras los 280 mil millones de pesos de Fase 5 de 2021 con las asignaciones de fase 4 de 2017 que se aprobaron en la modalidad de vigencias futuras, de obligatorio cumplimiento, para ser ejecutadas en las vigencias 2017-2022.
El viceministro Baena leyó un informe con una telaraña engañosa de cifras y plagada de artilugios numéricos, asignaciones rutinarias de los ministerios, por regalías, sistema general de participaciones.
El viceministro Baena, en su informe sobre infraestructura, incluyó como ejecutados por el gobierno nacional varios proyectos que apenas están en estructuración o que corren por cuenta del gobierno departamental, como son los de Playa de Oro-Bagadó, Nóvita-Cajón-Torrá, estudios Ánimas-Nuquí y sitios críticos Lloró-Yuto.
Cero aportes del gobierno nacional a las vías Istmina-Puerto Meluk, Unguía Acandí, Nóvita-Sipí, La Victoria-Pie de Pató, Nóvita-San José del Palmar, se paralizó la pavimentación Bajirá-Riosucio, nada del aeropuerto de Docordó y solo promesas para el aeropuerto de Riosucio.
En salud no se ha cumplido lo del hospital de tercer nivel, los tres hospitales de segundo nivel en Istmina, Riosucio y Bahía Solano, la unidad mental, la red primaria de salud se encuentra en escombros, ni siquiera se refieren a transporte helicoportado para las remisiones de pacientes graves.
Hoy en día la atención de salud en el Chocó ha empeorado: la mayoría de las IPS y EPS están en bancarrota, no pagan al personal de salud, la infraestructura se cae en pedazos y los pacientes deben comprar hasta las jeringas.
¿Y cómo calificar al viceministro Baena cuando incluyó recursos para contrarrestar la pandemia del Covid-19 en un informe sobre evaluación de compromisos del paro cívico del Chocó de 2016?
A la fecha no se ha entregado la infraestructura de salud que pertenece a Belén de Bajirá.
Las inversiones en infraestructura educativa han sido mínimas. Más del 95 % de las instituciones educativas del Chocó siguen en ruinas. Se olvidaron los compromisos relacionados con el Instituto de Investigaciones en Medicina Tropical, hospital universitario y programa de medicina. El teatro César Conto sigue paralizado y amenaza convertirse en otro elefante blanco del Chocó.
Lo acordado en reingeniería institucional quedó archivado por el gobierno nacional.
En servicios públicos lo único que se cumplió fue la interconexión eléctrica de Sipí. Nada hasta ahora de las tres pequeñas centrales hidroeléctricas de Juradó, Bojayá y Nuquí, nada de recuperación de la microcentral de La Vuelta, nada de las interconexiones eléctricas de Unguía, Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó y Medio Atrato.
¿Cómo calificar al viceministro Baena cuando se pavoneó con inversiones en el proyecto de gas natural domiciliario, desconociendo u ocultando que este fue un fracaso total y donde se presentó el mayor robo al Chocó de la última década?
Nada de controlar las tarifas de servicios públicos, nada del acueducto por gravedad de Quibdó, en veremos el relleno sanitario regional, sigue el Chocó en los últimos lugares en parámetros de acueducto, alcantarillado, aseo.
Amnesia total del gobierno nacional frente a los compromisos de modelo productivo para el Chocó, piscicultura, maricultura y pesca semi-industrial, infraestructura para cadena productiva pesquera, centros empresariales de procesamiento agroecológico industrial, unidades familiares productivas, mejoramiento genético de la ganadería.
En lugar de aplicar lo acordado en relación a la concertación minera, el gobierno nacional continuó dinamitando los entables, criminalizando a los pequeños mineros y negándoles los títulos y las licencias.
Nada de canal de televisión regional y sigue el Chocó con ínfimos porcentajes de cobertura y mala calidad de internet. Con el robo de los 70 mil millones de pesos en el fallido contrato entre Mintic y Centros Poblados continúan 535 escuelas del Chocó sin internet.
Crece la inseguridad en las cabeceras municipales del Chocó y en las zonas rurales, el confinamiento, desplazamiento, asesinatos, principalmente de jóvenes, como secuela del aumento del desempleo, la pobreza, la desigualdad, el hambre y la desnutrición. En lugar de lo que se acordó en los paros cívicos sobre fortalecimiento institucional integral, hoy padecemos el desfallecimiento general de las instituciones públicas y privadas del Chocó.
Conclusión: incumplimiento generalizado de los acuerdos firmados; evasivas, dilaciones, distorsiones, falsedades y engaños del gobierno nacional.
