El Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia 094 del pasado 28 de junio, le ordenó al departamento del Chocó que en el término de un año adopte un plan de pagos de las condenas judiciales en su contra.
Y en caso de que la entidad no cuente con disponibilidad presupuestal para realizar el pago durante esta vigencia fiscal, realice los traslados o adiciones presupuestales pertinentes, y/o apropie los recursos a más tardar en la siguiente vigencia fiscal, y/o tome las medidas que sean del caso para el pago de créditos o condenas que impongan el pago de obligaciones dinerarias contenidas en providencias judiciales en firme a su cargo.
La decisión judicial es resultado de una demanda de acción popular presentada por la Procuraduría 186 Judicial I para Asuntos Administrativos de Quibdó que logró la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público afectados por el Departamento del Chocó.
La sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó también confirma la decisión anterior del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, de compulsar copias a la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las investigaciones a que hubiere lugar por los incumplimientos de las obligaciones concernientes a Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, Hugo Arley Tobar Otero, Julieta Gómez de Cortés y Efrén Palacios Serna en su calidad de gobernadores del departamento del Chocó desde el año 2012 hasta la fecha.
El no pago de créditos judiciales en firme, sin causa objetiva, generó costos, sobrecostos, y detrimento significativo e injustificado al patrimonio público del ente departamental.
