Por: Pedro José Mosquera Agualimpia
En el Chocó aprendimos que una crisis institucional no se mide solo por comunicados: se nota en los pasillos, en la incertidumbre del estudiante que no sabe si habrá clases, en el docente que no sabe a quién reportar, y en el administrativo que carga con decisiones urgentes sin claridad. Eso es lo que hoy rodea a la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” (UTCH): un momento donde la gobernabilidad, la legalidad y la continuidad del servicio educativo están en juego.
En este escenario han cobrado relevancia dos decisiones judiciales: el Auto Interlocutorio 882 del 10 de noviembre de 2025, que adoptó una medida cautelar de urgencia con orden de reintegro, y el Auto 911 del 24 de noviembre de 2025, que negó solicitudes de aclaración/adición y mantuvo la línea de cumplimiento. Paralelamente, circulan documentos internos y posturas encontradas: unas piden revocar la medida; otras exigen su estricta ejecución. El resultado es un clima de tensión que, si no se maneja con responsabilidad, puede impactar el calendario académico, los trámites estudiantiles, la nómina y la administración misma.
Ahora bien, hay que reconocer lo positivo. Primero, el control judicial cuando actúa como medida provisional puede convertirse en un “puente” para evitar que la institución quede paralizada. En una universidad, el daño no es abstracto: se traduce en semestres retrasados, investigación frenada, prácticas suspendidas, grados aplazados. Una medida cautelar busca precisamente impedir que, mientras se decide el fondo, la afectación se haga irreversible.
Segundo, estos autos envían un mensaje básico de Estado de Derecho: las órdenes judiciales se cumplen mientras estén vigentes. Lo discutible se debate por canales legales (recursos, solicitudes de modificación o revocatoria), no mediante hechos cumplidos que multiplican el conflicto. En ese sentido, el Auto 911 deja una enseñanza institucional: no todo se “consulta” al juez para reinterpretar lo ordenado; cuando se pretende cambiar una medida, debe hacerse por el trámite correspondiente, con argumentos y pruebas.
Pero también hay sombras. Una medida cautelar es provisional, sí, pero la crisis es diaria. Si a cada decisión judicial se responde con nuevas actuaciones internas, certificaciones cruzadas o mensajes contradictorios, la cautelar deja de estabilizar y se vuelve otro campo de batalla. Y cuando eso pasa, la autonomía universitaria queda atrapada: no como autonomía seria sustentada en estatutos y procedimientos sino como un pulso permanente por el control administrativo.
Otro punto sensible es el uso de documentos internos sobre requisitos y competencias. Pueden ser insumos técnicos válidos, pero si se presentan como verdad absoluta sin debate institucional, sin contraste de la trayectoria completa y sin garantías reales de contradicción, alimentan la desconfianza. Además, cuando la discusión se traslada al terreno penal o se usa como mecanismo de presión, el ambiente se endurece: se cierran espacios de diálogo y crece el riesgo de decisiones defensivas, no decisiones responsables.
En medio de todo, el gran riesgo es que el costo lo paguen quienes menos culpa tienen: los estudiantes, y tras ellos los docentes y administrativos. La UTCH no funciona con rumores ni cadenas de WhatsApp; funciona con clases, biblioteca, laboratorios, bienestar, plataformas, investigación y pagos. Si la dirección institucional se fractura, la afectación cae sobre el aula y sobre las familias.
¿Cuál es una salida sensata? Tres pasos. Primero, cumplimiento estricto de la orden vigente mientras no sea cambiada por el juez competente. Segundo, si alguna parte considera que la medida debe levantarse o ajustarse, que lo haga por la vía procesal adecuada, con pruebas y sin improvisación. Tercero, una Mesa de Continuidad Universitaria ya: Consejo Superior, Secretaría General, sindicatos, vocerías docente-estudiantil-administrativa, con agenda concreta y actas públicas. Y, sobre todo, acelerar la normalización institucional por los procedimientos estatutarios: la interinidad prolongada es gasolina.
La UTCH es más grande que cualquier coyuntura. Quien tenga la razón jurídica la probará en el expediente. Pero la responsabilidad moral es de todos: que el conflicto no detenga la universidad ni rompa la confianza. Porque si la UTCH se detiene, el Chocó retrocede.
