El más reciente Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al primer semestre de 2026 (enero-junio) y divulgado el 23 de julio, revela la persistencia de una grave crisis humanitaria por desplazamiento forzado y confinamiento en Colombia.
Entre enero y junio se registraron 83 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 15.960 personas, mientras que 44 eventos de confinamiento restringieron la movilidad de 64.787 personas.
Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena concentraron el mayor número de personas desplazadas. En contraste, Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca registraron las mayores afectaciones por confinamiento. Solo en junio se documentaron 12 eventos de desplazamiento (2.742 personas afectadas) y seis de confinamiento (3.190 personas).
La entidad advierte que estas dinámicas agravan la vulnerabilidad de comunidades indígenas y afrodescendientes, que sufren de manera desproporcionada las restricciones a la movilidad, el acceso limitado a alimentos, salud, educación y medios de vida tradicionales (pesca, caza y agricultura), así como riesgos de reclutamiento de menores, minas antipersonal y amenazas.
La crítica situación en el Chocó
El Chocó figura entre los departamentos más golpeados por el confinamiento, un mecanismo que los grupos armados ilegales utilizan cada vez más para ejercer control territorial sin desalojar a la población. En este departamento las comunidades enfrentan confinamientos prolongados y recurrentes, especialmente en subregiones como el Baudó, el Litoral del San Juan y el Atrato.
Alertas tempranas de la propia Defensoría a lo largo de 2026 documentaron episodios concretos, como el confinamiento de más de 1.300 personas (comunidades negras e indígenas) en El Litoral del San Juan a inicios de año, tras homicidios y desapariciones que restringieron la navegación por ríos esenciales para la subsistencia.
Informes de seguimiento humanitario también señalan miles de personas con restricciones a la movilidad o en confinamiento prolongado en el Baudó, donde la disputa entre grupos armados no estatales profundiza el aislamiento y limita el acceso a servicios básicos.
Estas restricciones no solo vulneran derechos fundamentales, sino que erosionan el tejido social y cultural de comunidades que dependen de la movilidad fluvial y terrestre.
La Defensoría ha insistido en la necesidad de mayor articulación interinstitucional, atención humanitaria urgente y protección diferenciada para niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes y comunidades étnicas.
El boletín también incluye, por primera vez, el acompañamiento a 17 vuelos de connacionales deportados (1.663 personas desde Estados Unidos, Chile y España) y registra una reducción en la migración irregular en tránsito por el país. No obstante, el mensaje central es claro: los riesgos de movilidad forzada por el conflicto armado persisten y exigen respuestas efectivas de prevención, protección y atención, especialmente en territorios como el Chocó, donde el confinamiento se ha consolidado como una de las formas más silenciosas y devastadoras de violencia.
