El municipio de Nuquí, ubicado en el litoral Pacífico del Chocó, fue sede del Encuentro de Regiones: Realidades del mundo del trabajo y de la seguridad social. Dignidad Humana y Derechos Emergentes, organizado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
El alcalde municipal, Rubén Prado Asprilla, recibió en nombre del territorio a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y al magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro. La jornada forma parte de una estrategia para acercar la justicia a los territorios y escuchar las realidades regionales en materia laboral y de derechos humanos.
El principal espacio de debate fue el panel “Cuando el trabajo forzoso se convierte en trata de seres humanos”.
El magistrado Gerson Chaverra Castro explicó dónde traza la Corte Suprema de Justicia la frontera entre una irregularidad laboral y el delito. Abordó la garantía del derecho al trabajo y la lucha contra la criminalidad, a partir de tres planos que se entrecruzan: la norma que tipifica y sanciona la conducta, la realidad territorial que padecen las víctimas y las barreras institucionales que pueden dificultar una respuesta efectiva del Estado.
La Corte Suprema mediante la sentencia estableció que la explotación laboral se convierte en trata cuando una persona es captada o trasladada para someterla a condiciones degradantes que anulan sus derechos, algo que encuentra terreno fértil en la pobreza y la exclusión.
«Siempre que esas condiciones representen un dominio total sobre la facultad de determinación y de libertad del empleado o la empleada, donde los derechos a la libertad y a la autodeterminación del trabajador desaparecen por completo».
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, precisó que la trata no siempre opera como crimen organizado. «Muchas veces, desde la lógica de una ciudad, no se entiende por qué una persona aceptaría que la encierren en una casa, que no le paguen por su trabajo o que la sometan a horarios absurdos. Tiene que ver con las condiciones de marginalidad que se aprovechan. No toda explotación laboral es trata, pero hay explotaciones laborales que sí lo son y en esos casos es indispensable que la Fiscalía esté”.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la explotación suele disfrazarse de ayuda. «Este tipo de explotación se oculta detrás de ciertas formas de ayuda. Se enmascara con un discurso de apoyo, pero detrás hay factores de discriminación que se convierten en explotación laboral y que en determinados casos pueden llegar a constituir trata», afirmó.
Además, explicó por qué muchas víctimas no logran escapar: «No necesariamente es una falta de voluntad derivada de la coacción física, hay otras formas de coacción tan extremas que anulan completamente la voluntad. La dependencia económica extrema o la violencia psicológica pueden ser igual o más fuertes para impedir y anular la voluntad de la persona de superar esta situación».
La procuradora delegada para Asuntos Étnicos, Judith Salazar, llamó la atención sobre la ausencia de registros que invisibiliza a las víctimas de pueblos étnicos. «Si los registros de la información no aparecen, ¿cómo vamos a formular políticas públicas e incluso política criminal para atender a estas víctimas? Una de las primeras medidas que debe adoptar el Estado colombiano es la visibilización y el registro”.
Los expositores realizaron un análisis crítico sobre cómo, bajo la apariencia de una relación laboral, se pueden ocultar formas de trata y explotación, especialmente en regiones como el Pacífico, donde las comunidades étnicas (afrocolombianas e indígenas) enfrentan mayores vulnerabilidades. Se enfatizó la necesidad de enfoques diferenciales, articulación interinstitucional y herramientas preventivas para proteger la dignidad humana.
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El evento incluyó otros paneles sobre:
- Justicia restaurativa y terapéutica.
- Seres sintientes y derechos laborales.
- Brechas de género en el mundo del trabajo (con participación de ONU Mujeres).
- Problemas laborales asociados a la longevidad y el talento senior.
Como conclusión, el panel reafirmó que la respuesta del Estado no puede esperar a que la explotación ya esté consumada. Reconocer las señales tempranas, articular a las instituciones con las organizaciones sociales y las autoridades étnicas, y actuar en los territorios más apartados es lo que permite prevenir la trata, proteger a las víctimas y afectar una de las economías que financian al crimen organizado.
El alcalde Rubén Prado Asprilla destacó la importancia de recibir a estas altas autoridades en Nuquí: “Nuquí es un municipio de puertas abiertas, donde el diálogo construye caminos para una justicia más cercana a la gente”.
