La Unidad de Víctimas tiene 90 días de plazo para corroborar los testimonios de los 184 indígenas que se desplazaron desde el municipio del Carmen de Atrato, en Chocó, hacia Medellín, luego de que el Comité de Justicia Transicional negara que estos hubiesen sido objeto de intimidaciones, amenazas y marcaciones en las viviendas el pasado 11 y 12 de mayo, como lo indicaron estos en su declaración.
Wilson Córdoba, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, explicó el procedimiento que se sigue en este caso.
«Hay un sistema de verificación de modo, tiempo y lugar que deben de coincidir con lo narrado en la declaración. Pero como hubo un comité de Justicia Transicional y la administración de allá negaron los hechos, en el marco del Comité se negó, que lo narrado no había sucedido. La Unidad para las Víctimas lo que está hoy es en el tiempo de la valoración de la declaración en la cual se manifiesta la afectación de la integridad», dijo.
Y es que la Alcaldía de Medellín había informado a este medio de comunicación que esperaba la vinculación de la Unidad de las Víctimas para el retorno seguro de las familias al territorio, pero su vocero en Antioquia afirmó que debido a que Medellín destinó 44.000 millones de pesos para esta vigencia para la atención de esta población, y según los informes apenas ha gastado 6.000 de ellos, aún tienen recursos suficientes para esto.
«Medellín, por ser de esta categoría especial, tiene recursos para atender, por ser receptor, a recibir a las víctimas, de acuerdo a que tienen destinados unos recursos. Como nosotros tenemos una bolsa nacional, en el momento en que esos recursos se acabaran, nosotros entraríamos», señaló Córdoba.
En el marco de la Ley 1448 y es que hay una responsabilidad primero atiende el ente territorial, segundo el departamental y tercero la Unidad para las Víctimas.
Este año, esta dependencia del orden nacional diseñó un protocolo que indica que en el tema de ayudas se atienden los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, es decir, los que demuestran que no tienen capacidad de atención y asistencia a estas personas desplazadas.
Por ahora, los indígenas permanecen en un albergue de la Alcaldía y están recibiendo atención y oferta institucional de al menos cinco dependencias de la Administración Municipal de Medellín.
