Tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 (epicentro en San José del Palmar, Chocó), múltiples voces chocoanas —alcaldes, líderes indígenas, comunitarios y damnificados— han expresado públicamente su malestar por la demora, insuficiencia o ausencia de ayudas humanitarias en varias zonas, especialmente las rurales y de difícil acceso. Aunque el Gobierno y privados (incluyendo futbolistas) han anunciado y empezado a enviar recursos, las quejas se centran en la invisibilización del departamento, el abandono histórico y la lentitud en llegar a comunidades aisladas.
Principales denuncias de autoridades y líderes
Alcalde de El Litoral del San Juan, Jhon Jairo Gutiérrez:
Dos días después del sismo afirmó que “seguimos siendo olvidados” y “no nos dejen solos”. Reportó 231 viviendas destruidas, 673 con daños, 1.415 familias damnificadas y 4.832 personas afectadas. Pidió techos, clavos, alimentos, ropa, y asistencia en salud y psicológica. Destacó que muchas comunidades no tienen conexión terrestre y las viviendas son de madera/palafitos, lo que complica la llegada de ayuda.
Alcalde de San José del Palmar (epicentro), León Fabio Marín Moncada:
Señaló vías taponadas por derrumbes, acueducto fuera de servicio, desabastecimiento de comida y comunicaciones intermitentes. Solicitó con urgencia maquinaria amarilla, alimentos no perecederos y agua potable. Enfatizó que “San José del Palmar y el Chocó también son Colombia”.
Alcalde de Istmina, Jaison Mosquera:
Describió la situación como de “lástima” y “tristeza”. Aunque reconoció algunas donaciones de alimentos y ropa, pidió una política clara del Gobierno (Ministerio de Vivienda y Hacienda) para la reconstrucción, más allá de ayudas temporales.
Líder indígena Embera Luis Ángel Gindrama (Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Medio Baudó):
Denunció que “no están visibilizando nuestro problema” y que la atención se centra en ciudades grandes (Pereira, Manizales, Cali). Afirmó que comunidades indígenas perdieron viviendas y que algunas familias están a la intemperie. Exigió al Gobierno departamental y nacional ayuda humanitaria (medicamentos, alimentos, frazadas) y presencia en los resguardos.
Otros líderes y personeros:
En Sipí, el líder Andrés Caicedo relató la falta de ayudas. En Quibdó, líderes sociales y damnificados (como Betty Mosquera) pedían intervención estatal real por pérdida de viviendas y sustento. En Tadó se reportaron zonas rurales sin ayuda, más de 500 viviendas afectadas y sin energía.
Quejas de habitantes y reportes locales
En el barrio Las Palmas de Quibdó, damnificados y reportes periodísticos (incluyendo de Érika Zapata) indicaron que días después “no llega ni una botellita de agua”, la gente duerme en andenes/aceras, sin energía, y hay riesgo de enfermedades. Se habló de cientos de viviendas colapsadas.
Habitantes de Quibdó y otras zonas denunciaron falta de asistencia gubernamental concreta, pernoctando a la intemperie por riesgo de derrumbe.
En redes (incluyendo X/Twitter) y medios, se repiten mensajes de que tras 3-4 días aún hay lugares sin ayudas, con familias cocinando en la calle, sin agua ni luz (ej. barrio Villa Avelina), y reclamos de “olvido” del Chocó.
Contexto general
Muchas quejas se enmarcan en el abandono histórico del Chocó (pobreza, aislamiento, débiles vías y comunicaciones). Alcaldes y líderes piden no solo kits de emergencia, sino materiales de construcción (clavos, zinc, madera), maquinaria y políticas de reconstrucción. Aunque se han reportado llegadas de toneladas de ayudas (gubernamentales y privadas) a Quibdó y algunos municipios, las voces locales insisten en que no alcanzan o no llegan a zonas remotas.
