Un llamado urgente hizo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, a las autoridades nacionales y departamentales para que atiendan a 300 familias que debieron salir de sus territorios en Sipí y Nóvita, en el departamento del Chocó, a causa de enfrentamientos armados que se vienen presentando desde el pasado 21 de mayo en el corregimiento Charco Hondo, entre la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo.
“Desde la Defensoría del Pueblo estamos acompañando a las comunidades chocoanas de Charco Largo, Barrancón, Barranconcito, Charco Hondo, en zonas apartadas de Sipí, que fueron desplazadas hacia la cabecera municipal de Istmina; y a las comunidades de Santa Bárbara, Cajón, San José y Torrá, de la zona rural de Nóvita, que fueron desplazadas hacia el casco urbano del mismo municipio de Nóvita”, afirmó el Defensor del Pueblo.
A los dos eventos masivos de desplazamiento forzado se les suma otra problemática: un importante número de familias no han podido salir de las zonas por el riesgo de posibles nuevas confrontaciones entre los grupos armados y porque no cuentan con los medios para movilizarse hacia las cabeceras municipales.
“La vulneración de derechos humanos a estas comunidades étnicas es rechazada tajantemente por la Defensoría del Pueblo, toda vez que hemos venido advirtiendo a través dos alertas tempranas vigentes, la 012 del 2022 para Sipí y la 027 del 2021 para Nóvita, las problemáticas derivadas por la disputa del control territorial de los grupos al margen de la ley, como confinamiento y desplazamientos masivos”, aseguró Carlos Camargo Assis.
El Defensor del Pueblo agregó que urge atención integral y protección para estas comunidades: “Debido a la compleja situación que está a punto de desbordar la capacidad de las entidades locales, exhorto a las autoridades nacionales y departamentales a tomar las medidas pertinentes para mitigar las carencias humanitarias de las comunidades étnicas afectadas, en las que se apliquen los principios de coordinación, subsidiaridad, concurrencia y complementariedad”.
A quienes ya están en albergues transitorios es propicio garantizarles alimentación, suministro de agua; desde ya es pertinente que la fuerza pública les proteja sus bienes que debieron dejar abandonados.
