De acuerdo con investigaciones de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Liseth Mayerlin Palacios al parecer se hacía pasar como funcionaria de la Secretaría de Educación del Chocó o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para ofrecer puestos públicos, especialmente de docentes, a cambio de dinero.
De esta manera habría logrado que 28 personas en Chocó y Antioquia le entregaran, presuntamente, 135 millones de pesos. En las denuncias recibidas en su contra, aseguran las víctimas que luego de ganarse su confianza les pidió dinero en efectivo. Sumas que oscilaban entre 150 mil y 10 millones de pesos, a cambio de conseguirles puestos de trabajo. Pero las víctimas denunciaron que no obtuvieron ni el cargo ofrecido ni la devolución del dinero.
Sostienen, además, que recibieron amenazas por parte de la mujer cuando les reclamaban por el incumplimiento. Por lo anterior, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir en concurso con estafa agravada, cargos que aceptó.
La Fiscalía le solicitó a un juez de control de garantías de Quibdó una medida de aseguramiento en centro carcelario por considerar que la imputada podría representar un peligro para las víctimas. Pero el juez le otorgó la prisión domiciliaria argumentando que es cabeza de familia.
Palacios Perea ya había sido judicializada por otras 8 denuncias similares, pero en ese entonces acordó la devolución del dinero con las víctimas.
La Fiscalía General de la Nación hace un llamado a las personas que hayan sido víctimas de la indiciada para que se acerquen a sus instalaciones en Quibdó y denuncien.
