Judith Rosina Salazar Andrade, Procuradora Delegada para Asuntos Étnicos, requirió a la Vicepresidencia de la República y al Ministerio del Interior información sobre las mesas de seguimiento, los funcionarios encargados de los compromisos y las acciones previstas para atender las solicitudes del Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó.
La Procuraduría General de la Nación requirió que informen sobre las acciones previstas para garantizar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos del Paro Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó, así como la continuidad de los espacios de interlocución con el Comité Cívico.
El requerimiento quedó consignado en el oficio n.º 10-1304, fechado el 14 de octubre de 2026, en el que la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos solicita información sobre la programación de las mesas técnicas, la identificación de los responsables institucionales y las medidas de articulación entre las dos entidades del Gobierno nacional.
La actuación se produce después de que el Comité Cívico, mediante comunicaciones del 21 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, expresara sus preocupaciones frente al nivel de cumplimiento de los compromisos y la efectividad de los mecanismos de seguimiento. En esos documentos, la organización también solicitó una reunión de alto nivel en Quibdó, con participación de la Vicepresidencia y el Ministerio del Interior.
Solicitan cronograma de reuniones y plan de trabajo
Entre los principales requerimientos de la Procuraduría figura la entrega de un cronograma de las mesas técnicas, reuniones de articulación y demás espacios de seguimiento previstos para las vigencias 2026 y 2027.
El organismo de control pidió precisar la fecha de la próxima sesión de la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos del Paro Cívico, así como los objetivos, las fechas estimadas y las entidades convocadas a las reuniones sectoriales o temáticas.
También solicitó remitir el Plan de Trabajo 2026-2030 para el cumplimiento de los acuerdos, con el propósito de conocer la programación institucional prevista para avanzar en los compromisos adquiridos.
Piden identificar a los funcionarios responsables
Otro de los puntos centrales del requerimiento es la identificación de los funcionarios designados por las entidades nacionales para responder por los compromisos derivados del paro cívico.
La Procuraduría solicitó una relación actualizada que incluya nombres, cargos, dependencias, correos electrónicos institucionales, teléfonos de contacto, funciones dentro de los espacios de seguimiento y compromisos a su cargo.
Asimismo, pidió precisar quiénes son los responsables de ejercer la coordinación y el apoyo a la coordinación de la Comisión de Seguimiento dentro del Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República.
Preguntan por la reunión de alto nivel en Quibdó
La Procuraduría también pidió información sobre el trámite dado a la comunicación que el Comité Cívico dirigió al presidente de la República el 21 de septiembre de 2026.
En particular, requirió conocer si el documento fue trasladado a la Vicepresidencia o al Ministerio del Interior, qué actuaciones se adelantaron frente a las solicitudes formuladas y cuáles asuntos fueron remitidos a otras entidades del Estado.
Además, solicitó informar la fecha propuesta para la reunión de alto nivel en Quibdó, planteada por el Comité Cívico, y remitir copia de la respuesta que se envíe a esta organización.
Gobierno deberá explicar cómo garantizará la coordinación
El organismo de control pidió detallar las actuaciones conjuntas entre el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República para cumplir las funciones de coordinación establecidas en el artículo 10 del Decreto 1188 de 2024.
La información deberá incluir las reuniones realizadas, la distribución de responsabilidades para convocar y desarrollar las sesiones de la Comisión y las medidas previstas para garantizar la continuidad del proceso.
También solicitó explicar cómo se conservará la memoria institucional del seguimiento y cómo se mantendrá la interlocución permanente con el Comité Cívico.
La Procuraduría otorgó un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del oficio, para remitir la información solicitada.
El requerimiento se enmarca en las funciones preventivas y de control de gestión de la entidad y busca establecer las actuaciones institucionales previstas para dar continuidad al seguimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno nacional y el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó.
