La Defensoría del Pueblo logró, mediante una acción de tutela, proteger los derechos de los estudiantes y las estudiantes de la Institución
La Defensoría del Pueblo logró, mediante una acción de tutela, proteger los derechos de los estudiantes y las estudiantes de la Institución Educativa Nuestros Esfuerzos, en el municipio de Riosucio, quienes ahora cuentan con un fallo judicial que obliga a las entidades territoriales y al Ministerio de Educación a construir una nueva sede para su formación.
A través de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, la entidad desarrolló una jornada de socialización con toda la comunidad educativa para explicar el alcance del fallo de tutela, que beneficia a más de 700 niños, niñas y adolescentes.
La sentencia de tutela, emitida el 1 de agosto de 2025 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Riosucio, es el resultado de una acción interpuesta por la Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Urabá Darién, que advertía sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales del estudiantado debido al lamentable estado de la infraestructura del plantel. La decisión judicial confirmó que las entidades accionadas habían fallado en su deber de garantizar una infraestructura digna y segura para el aprendizaje.
El fallo destaca, además, que la Institución Educativa Nuestros Esfuerzos, con más de dos décadas de antigüedad, presenta aulas en estado de avanzado deterioro, con paredes agrietadas, y que el estudiantado ha recibido clases en salones provisionales de madera por más de diez años. Estas aulas temporales carecen de servicios básicos como agua potable, energía y ventilación, lo que afecta directamente el proceso académico.
La Defensoría también documentó un accidente en el que un estudiante resultó herido debido a las precarias condiciones de la infraestructura, lo que reforzó la urgencia de la intervención judicial.
En un claro y contundente llamado a la acción, el juez ordenó a la Gobernación del Chocó y al Municipio de Riosucio iniciar de manera urgente las gestiones administrativas para la construcción de una nueva sede. Además, la sentencia ordena la reubicación de los y las estudiantes en instalaciones seguras y adecuadas mientras se ejecutan las obras.
También se conminó al Ministerio de Educación Nacional a cofinanciar el proyecto de la nueva sede, cumpliendo así con su compromiso previamente adquirido.
