Por Winner Mosquera Ríos
El 7 de octubre fue declarado en Colombia como el Día del Trabajo Decente, mediante el Decreto 2362 de 2015, expedido durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos Calderón. Esta conmemoración busca promover un diálogo amplio entre los diferentes actores del mundo laboral en torno a políticas, planes y programas que fortalezcan la dignidad en el trabajo y el respeto de los derechos fundamentales de quienes participan en la economía nacional.
La Constitución de 1991 dio un paso decisivo al reconocer el trabajo como un derecho fundamental y al otorgarle especial protección del Estado. Los artículos 1, 25, 26, 53 y 93, junto con el bloque de constitucionalidad, establecen que toda persona tiene derecho a trabajar en condiciones dignas y justas, y a ganarse la vida mediante un empleo que garantice su mínimo vital.
Este marco normativo ofrece un horizonte claro: el trabajo no solo es un medio de subsistencia, sino también una expresión de la dignidad humana.
No obstante, en el departamento del Chocó este mandato constitucional enfrenta serios desafíos que merecen ser analizados con ocasión de esta fecha. El aumento de población migrante en la región ha generado un fenómeno complejo: la sustitución y precarización de la mano de obra local. Numerosos migrantes, en situación regular e irregular, se ven expuestos a condiciones laborales indignas, sin afiliación a la seguridad social ni protección frente a riesgos laborales.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara al respecto: independientemente del estatus migratorio, todo trabajador goza de los mismos derechos laborales (sentencias T-449 de 2021, T-300 de 2022, T-246 de 2024, entre otras). La negación de estos derechos no solo vulnera principios constitucionales, sino que además expone a los empleadores a responsabilidades económicas que podrían prevenirse mediante la formalización laboral.
A esta problemática se suma el desempleo endémico y las altas tasas de informalidad, tal vez los mayores retos del mercado laboral en el Chocó. La falta de oportunidades ha llevado a gran parte de la población a depender de actividades informales, particularmente el comercio ambulante. Estos trabajadores, que realizan actividades legítimas como la venta de alimentos, frutas y productos artesanales, enfrentan estigmatización y hostigamiento por parte de las autoridades.
Sin embargo, la Corte Constitucional, a través de las sentencias T-083 de 2024 y T-102 de 2024, ha protegido sus derechos frente a desalojos arbitrarios, ordenando alternativas de reubicación y capacitación en otras áreas económicas productivas que aseguren sus derechos humanos laborales.
Por otro lado, la materialización del trabajo decente también exige garantizar el respeto a los derechos individuales y sindicales de los trabajadores. En el Chocó persisten problemáticas como incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales, precariedad en la seguridad laboral, acoso laboral, sexual, discriminación y violencia de género en el entorno de trabajo, y desconocimiento de la libertad sindical.
La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en reconocer la huelga como un derecho fundamental conexo a la democracia que permite a los trabajadores fomentar, revindicar y defender sus intereses (Sentencia SL1680-2020), y ha reiterado que los trabajadores tienen derecho a suspender sus labores frente a riesgos inminentes que amenacen su salud y seguridad (Sentencia SL1450-2018).
El Día del Trabajo Decente no debe quedarse en actos protocolarios, seminarios o diplomados. La institucionalidad departamental y municipal del Chocó está llamada a evaluar de manera crítica si en sus planes de desarrollo se han incorporado de forma efectiva políticas públicas orientadas a la promoción del trabajo digno. Ello implica asignar recursos, buscar cooperación internacional y, sobre todo, pasar del discurso a la acción.
El desempleo, la informalidad y la precarización laboral han generado en la región una crisis social sin precedentes. No obstante, también es justo reconocer los esfuerzos de sectores empresariales que, pese a las dificultades derivadas de la inseguridad, intentan generar empleos decentes. El reto consiste en articular al Estado, al sector privado y a la sociedad civil para que el trabajo decente sea una realidad palpable y no un ideal distante.
En definitiva, reflexionar sobre el trabajo en el marco de esta conmemoración es reflexionar sobre el desarrollo económico, la justicia social y la dignidad humana. Garantizar condiciones de trabajo decentes no solo es un imperativo constitucional, sino una condición necesaria para la paz y el progreso del Chocó y de Colombia.
