La Defensoría del Pueblo trabaja en el restablecimiento de derechos de 285 familias que debieron desplazarse forzosamente, luego de que el Frente de Guerra Occidental, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), atacara la estación de Policía de Sipí, en la cabecera urbana de ese municipio chocoano.
Tan pronto tuvo conocimiento, la entidad ofició a los entes competentes con la finalidad de que las y los afectados reciban atención humanitaria en Istmina, municipio al que están llegando para salvaguardar sus derechos a la vida e integridad.
Igualmente, la Defensoría del Pueblo asiste la toma de declaraciones hecha por funcionarios de las personerías de Sipí e Istmina, proceso mediante el cual las víctimas del conflicto narran lo que les ocurrió, a fin de que sean incluidas en el Registro Único de Víctimas y así puedan recibir atención, asistencia y reparación integral, como lo ordena la normativa colombiana.
Otra consecuencia del ataque armado, que sucedió hace contados días, es el confinamiento de las comunidades de Tanando, Santa Rosa, La Marqueza, Teatino y Loma de Chupey, como también en la cabecera municipal de Sipí y en la zona media del río San Juan. Por esta razón, la Defensoría también solicitó atención humanitaria para quienes están padeciendo esta situación.
Hasta el momento, los entes municipales y las personerías de la zona no han podido establecer el número de familias afectadas por el confinamiento forzado.
Es probable que, por las dinámicas sociales de la subregión del San Juan, algunas comunidades ubicadas a lo largo del río que lleva el mismo nombre, como San Miguel (del municipio de Medio San Juan) y Noanamá (del municipio de Istmina), también sean receptoras de población en situación de desplazamiento forzado.
Lo que está ocurriendo no es una situación aislada, obedece a un contexto de riesgo que afecta la seguridad de chocoanas y chocoanos, situación que fue advertida por la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana (AT) 012 del 2022. Por ende, es necesario que la institucionalidad atienda las recomendaciones formuladas en la AT, como la oportuna coordinación de la respuesta rápida, la disuasión del contexto de amenaza, medidas para la protección de la población en peligro y acciones humanitarias integrales.
La entidad ha estado presente en los espacios de articulación interinstitucional, como consejos de seguridad, sesiones del Comité de Justicia Transicional del Chocó, entre otros, y continúa teniendo un diálogo permanente con las autoridades étnicas, pues es necesario que el Estado trabaje en la garantía efectiva de los derechos de las personas perjudicadas por este nuevo episodio de violencia.
