Por Margareth Paz Valencia
Entradilla
“Y es precisamente en esta parte en donde el deber de implícito que tiene todo ciudadano en el ejercicio de la “veeduría ciudadana” toma sentido; las instituciones son reglas de juego existentes en un momento dado, útiles para organizar la sociedad conforme a una situación política, podemos concluir que, aunque se crean con vocación de permanencia, lentamente varían dependiendo las necesidades de los administrados, que esto es lo que permita la capacidad política para modificarlas.”
Dejando de lado un poco el ruido que suele ocasionar las redes sociales, se hace necesario ubicarnos los retos que implica ser un miembro activo de la administración pública, la administración pública es el conjunto de órganos y actividades del Estado que sirven para satisfacer las necesidades colectivas, sin embargo pese que la constitución política de 1991 este año cumple 33 años pareciera que los objetivos y principios que rigen a la administración no tuvieran cabida en nuestro municipio o Departamento.
La administración es un elemento del Estado que se encarga de gestionar de manera correcta y transparente el uso de los recursos, actuando bajo las órdenes del poder ejecutivo (Alcaldía- Gobernación. Se encuentra conformada por entidades y personas financiadas con recursos del presupuesto gubernamental.
Ese elemento llamado administración se desarrolla con sujeción al artículo 2° de la constitución política de Colombia que establece:
Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (negrillas y subrayas por fuera del texto original)
Y es precisamente en esta parte en donde el deber de implícito que tiene todo ciudadano en el ejercicio de la “veeduría ciudadana” toma sentido; las instituciones son reglas de juego existentes en un momento dado, útiles para organizar la sociedad conforme a una situación política, podemos concluir que, aunque se crean con vocación de permanencia, lentamente varían dependiendo las necesidades de los administrados, que esto es lo que permita la capacidad política para modificarlas.
Si nos pensamos administrativamente en la institucionalidad en el municipio de Quibdó y muchos otros del Departamento del Chocó podríamos evidenciar que, en los últimos veinticinco años, no hemos evidenciado un cambio institucional, el cual se supone que ocurre después de años de convivencia con unas reglas que se consideraron inapropiadas o inadecuadas para el momento que se vivía, sin embargo, cada periodo electoral experimentamos cambios de gobiernos.
Es importante iniciar a fortalecer institucionalidad en el Departamento y en el municipio de Quibdó en aras de procurar que tanto las personas como las instituciones cumplan las disposiciones y se dé el efecto deseado por las normas. Este efecto debe ser el que más conviene al interés general.
En la actualidad contamos con Dependencias dentro de la administración cuyo objetivo y finalidad se desconocen, es necesario recordar que el presupuesto, su destinación, así como los diferentes pronunciamientos que se hacen desde la institucionalidad son de carácter público, es decir, no debe ser un secreto lo que se hace con ellas.
La institucionalidad debe estar al servicio del bien común y en caso que sea necesario incluir modificaciones, debe adoptarse de manera lógica y racional a tal punto que permita tomar decisiones identificando los pros y los contras de las mismas. Es decir, la institucionalidad es el medio y no el fin.
Lo político y social debe ganarse a partir del convencimiento sobre los beneficios del cambio, con la fuerza que da la razón y la contundencia que dan los buenos argumentos en favor del fin que se persigue.
Renovar la institucionalidad exige contar con la capacidad para adoptarla y ponerla en marcha. No es solo tener la competencia otorgada por la ley, sino los apoyos de quienes hacen posible la gobernanza incluyendo las fuerzas políticas y sociales. Si no se cuenta con éstas, el cambio institucional y la gobernabilidad tienen el riesgo de perder legitimidad.
