Por: Edward Torres Ruidiaz. Economista especialista en finanzas públicas y Mg en gestión y políticas públicas.
De año nuevo alcaldías y gobernaciones de Colombia recibieron un fuerte golpe por la reducción en el giro del Sistema General de Participaciones – SGP del mes de enero. Es el principal ingreso para la mayoría de estas entidades, siendo para algunas más del 90% de sus ingresos totales.
Un recorte grande que sin duda también afectará el pago de subsidios a empresas de servicios públicos y al sector salud, entre otros. Una cadena de repercusiones fiscales y sociales, y más si consideramos el reciente aumento en el gasto de concejos y personerías y que también pagarán los alcaldes.
EL TAMAÑO DEL RECORTE FUE 64%
Aunque según el DNP el monto del recorte fue del “49% respecto al valor recibido en enero de 2025”, el parámetro de comparación correcto sería el último giro de diciembre de 2025, respecto al cual la caída fue del 64%. En total el valor dejado de percibir por alcaldías y gobernaciones sería de $1.8 billones, faltando aún el recorte sobre el SGP-educación 2026 (DNP.2025). Respecto al valor total planificado para 2025, la caída fue del 5.6%.
Las alcaldías fueron las más afectadas con un recorte de $1.7 billones, el 93% del recorte total, las gobernaciones perdieron $104 mil millones y los resguardos indígenas $22 mil millones.
LA CAUSA, UN ERROR DEL GOBIERNO
En un aislado párrafo del documento SGP-104-2025, el DNP anota como causa “el ajuste negativo por -$4.449 mil millones correspondiente a la diferencia entre el recaudo efectivo y el aforo presupuestal de los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 2024” (sic). Es decir, la causa fue la mala planeación financiera del gobierno nacional que en 2025 no recaudó los ingresos que había presupuestado y le cargó a alcaldías y gobernaciones $1,8 billones, el 40% de su déficit de -$4.4 billones.
CRÓNICA DE UN RECORTE ANUNCIADO
Y aunque en 2025 el rezago de los ingresos nacionales fue un tema recurrente, ¿por qué el DNP no informó anticipadamente a alcaldías y gobernaciones para aplicar medidas de aplazamiento de gastos o reducción de presupuesto del 2026? De hecho, los balances contables cierran el año reportando el valor recortado como una irreal renta por cobrar.
¿UN RECORTE ILEGAL?
Por un caso similar de caída de ingresos en 1999, se creó la ley 715/01, tasando una base fija para evitar que los menores recaudos afectasen nuevamente a alcaldías y gobernaciones. Por ello cabe dudar de la validez legal del recorte hecho por el DNP aunque no hay liderazgo de alcaldes y gobernadores para reclamar en estos temas, como ocurrió con la doceava perdida de enero de 2001 o los injustos recortes del 2021, y el tradicional silencio cómplice de la Federación de Municipios.
QUIENES PERDIERON MÁS
Por departamentos, las alcaldías y Gobernaciones que más perdieron fueron Bogotá, Bolívar, Antioquia y Valle del Cauca, por tener la mayor población, principal criterio de distribución del SGP
EN CHOCÓ
La Gobernación del Chocó perdió $2.891 millones en SGP agua potable, salud oferta y salud pública (ver tabla por municipios).
Para las alcaldías de Chocó el recorte fue de $43.486 millones siendo Quibdó el mayor afectado con $6.142 millones (ver tabla por municipios).
Por sectores en Chocó el más afectado fue salud-régimen subsidiado que corresponde al 52% del recorte, seguido de propósito general (gasto de funcionamiento, vías, población vulnerable, entre otros) con el 26% y agua potable con el 14% (ver tabla por municipios).
¿QUÉ HACER?
El recorte de enero es irreversible y debe reducirse su valor en el presupuesto del 2026 para evitar iliquidez. Podrían esperarse los nuevos valores que aplican a partir de febrero de 2026, adicionando o reduciendo el excedente sobre lo proyectado en el presupuesto. Pero será un simple ejercicio pues el daño del recorte ya está causado. De resto, rezar para que el gobierno nacional no vuelva a equivocarse en las proyecciones.
Otro recorte pendiente es el de SGP-Educación que se comunica en marzo de 2026 y en el cual también los colegios e instituciones educativas serán afectados. El recorte sería del 5,6% de lo obtenido en 2025.
Sin duda, en la presente campaña política debiese ser obligatorio que los actuales aspirantes al Congreso y Presidencia manejen estos temas y problemas que, precisamente se causan en el Congreso y la Presidencia pero que sufrimos todos. La pregunta es: ¿los candidatos lo manejan? ¿se lo exigimos al momento de elegirlos? De seguro la respuesta explica el problema.
