
Este espacio de reconocimiento de responsabilidades que se realizó como acto de visibilización de los hechos, impactos colectivos y resistencias en la región del Bajo Atrato el marco del conflicto armado colombiano.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en cumplimiento de su mandato y en su compromiso con la verdad y la dignidad de todas las víctimas, ha escuchado a lo largo de más de un año sus testimonios y ha acompañado a la subregión de Bajo Atrato chocoano.
En este espacio de reconocimiento de responsabilidades por parte de firmantes del Acuerdo, realizado en Apartadó, Antioquia, participaron líderes y lideresas de las comunidades negras, indígenas, y firmantes de paz de los frentes 5, 34 y 57 de las antiguas FARC- EP, así como también delegados de organizaciones e instituciones como Viva la Ciudadanía, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Organización de Naciones Unidas (ONU) , la Oficina Técnica de Cooperación Española AECID, la Diócesis de Apartadó y representantes del Sistema Integral para La Paz, integrados por la Justicia Especial para la Paz (JEP).
El encuentro inició con un ritual de armonización liderado por Delia Casama, mujer indígena embera dóbida, del resguardo de Barranco, municipio de Riosucio, quien a través de su canto pidió a la madre tierra sabiduría, respeto y guía para este encuentro diera frutos de reconciliación.

Luego de la apertura, la Comisionada Patricia Tobón, destacó: “Sin duda este es un diálogo, con el que nosotros debimos haber comenzado desde el primer día en la Comisión, pero estos son procesos a los que se llega por voluntad de las víctimas y también por voluntad de los firmantes del Acuerdo después de un proceso largo, de acercamiento y creo que este proceso es muy inspirador sobre todo porque esto es una pincelada de un proceso más grande con el que quedamos en deuda. Esperamos que este proceso pueda contribuir y pueda seguir”
El Comisionado Leyner Palacios agregó: “El Bajo Atrato sin duda ha sido una región que ha sufrido de manera desproporcionada los impactos de la guerra, pero también el Bajo Atrato por su ubicación geoestratégica, su condición étnica y por los múltiples recursos naturales que existen ahí, se convierte en una región muy importante para el país, para el desarrollo y para consolidar la apuesta a una salida concertada del conflicto armado”.
De igual forma, los delegados étnicos pudieron hablar en tres bloques temáticos, el primero sobre las afectaciones al territorio por la presencia de los actores armados, el segundo afectaciones al gobierno propio y a la autonomía organizativa y por último lo relacionado a las afectaciones a las prácticas culturales, economía tradicional y modos de vida propios. Los representantes de los pueblos étnicos (comunidades negras e indígenas) expresaron sus inquietudes, solicitudes, reclamos ante los hechos acontecidos y los delegados de las antiguas FARC-EP reconocieron dicha afectaciones a los pueblos étnicos y asumieron compromisos frente a la no repetición.
La jornada terminó con la entrega de objetos pertenecientes de cada pueblo étnico a los firmantes de paz, quienes en un acto simbólico se comprometieron a que, con su verdad contribuirán al fortalecimiento de las acciones emprendidas en este proceso. Se espera que su compromiso de resultado la no repetición de hechos victimizantes, que sentará las bases para la construcción de una paz duradera.
Este proceso en el Bajo Atrato, de más de un año de trabajo, contó con el acompañamiento de organizaciones sociales aliadas como el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la Corporación Viva la Ciudadanía, que aportaron metodológicamente para la búsqueda y formulación de interrogantes a los firmantes de paz, con el objetivo de no revictimizar a los líderes participantes y trabajar en rutas encaminadas a la no repetición.
Este es el último acto público de un total de 26 de reconocimientos liderados por la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión de la Verdad que tuvieron como principal apuesta promover la dignidad de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidades por parte de los actores armados en los graves impactos a los pueblos indígenas y comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras del país.




