Por Carlos Estrella, coordinador del sistema respuesta a emergencias de Médicos Sin Fronteras en Colombia.
Tomado de https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/historia-de-nina-embera-en-choco-a-quien-le-atendieron-una-fractura-dos-anos-despues/
El confinamiento en varios municipios de Chocó ha dificultado aún más el acceso a salud y a medicamentos, lo que ha impactado especialmente a poblaciones con enfermedades crónicas o, como en el caso de esta menor, la larga espera por atención.
Hace tres semanas viajé a Novita, Chocó, departamento en donde Médicos Sin Fronteras (MSF) tiene un proyecto cercano de salud comunitaria. Algunas veredas que rodean a este municipio han estado confinadas de forma intermitente desde octubre del año pasado por disputas entre los grupos armados. Pasan las semanas y miles de familias se quedan en sus casas, moviéndose justo lo necesario para sobrevivir.
El pasado 5 de junio ingresamos a veredas que llevaban meses aisladas y confinadas. Nos preparamos con una médica, una enfermera y un experto en logística y agua y saneamiento para ir a esos lugares. Salimos de Istmina hacia Novita, municipio que está a dos horas en carro. Desde allí, tomamos una lancha hacia Urabará, trayecto que tardó cerca de tres horas y que no suele ser fácil: el río es muy caudaloso, solamente un lanchero se atreve a hacer ese viaje. Tuvimos suerte, pues nos trasladó a cuatro personas y más de doce cajas de medicamentos e insumos médicos. Es un río agresivo y empinado. Nos dijeron que mucha gente había muerto ahogada.
Desde Urabará salimos, nuevamente río arriba y en la misma lancha, hacia Sabaletera, un resguardo indígena que es cercano a la frontera del departamento de Risaralda. Cuando llegamos, la comunidad indígena Emberá nos estaba esperando. Estaban muy contentos, pues dijeron que nunca había llegado asistencia humanitaria a este lugar, en donde no hay señal telefónica ni conexión a Internet. De hecho, difícilmente se encuentra luz eléctrica y no hay servicio de alcantarillado o tratamiento de agua.
Cuando nos bajamos de la lancha vi, a lo lejos, a una niña pequeña colgada de la espalda de su padre. Venían caminando hacía nosotros y me llamó la atención que nunca se soltara de él. Cuando la vi más de cerca, noté que su pierna estaba lastimada. Me contaron que hace dos años, durante la pandemia, se cayó jugando y se fracturó la pierna izquierda. Su nombre es Nelsa, tiene seis años y lleva 24 meses sufriendo por una fractura de tibia y peroné que nunca fue atendida.
En su comunidad no hay puesto de salud y lo único que pudo hacer su familia fue ponerle un vendaje que duró muy poco.
Nelsa lleva dos años arrastrándose o colgada de los hombros de su padre, quien la traslada de un lado a otro todos los días. La fractura no le permite ni siquiera poner el pie en el suelo, tiene que pedir asistencia para movilizarse y no puede dormir bien. Su vida, a sus escasos seis años, cambió por completo y ya no puede jugar con sus amiguitos como lo hacía antes.
Siempre necesita de la ayuda de su padre. “Acá nadie llega por el conflicto armado y porque estamos lejos, muy lejos de las ciudades. Pero al menos deberíamos tener a alguien que nos ayude a trasladar pacientes”, me decían en la comunidad.
Pues bien, para llevar a Nelsa a un centro de salud, por ejemplo, sus parientes tendrían que pagar 400 mil pesos por el transporte, un valor inalcanzable para estas familias. Con la mayoría de la población viviendo en pobreza, reunir esta cantidad de dinero en una comunidad tan pequeña resulta imposible.
Por eso entendí que muchas personas estuviesen contentas con nuestra llegada. Nosotros la atendimos y trasladamos a Novita, activamos la ruta de remisión con el centro de salud y se agendó la cita con el especialista.
En la comunidad hay muchos pacientes que se resignan a una atención en salud eficiente por la dificultad de salir de su tierra; por los costos, por el río caudaloso, por el conflicto armado. Las enfermedades las pasan muchas veces resistiendo o esperando a que sanen con el tiempo o con algunos de los tratamientos que puede brindar la comunidad.
Todos los colombianos merecen acceso eficaz a la salud
La situación de Nelsa no es la única. Lo más preocupante es que desde el 15 de octubre de 2021 más de 4.000 personas (750 familias) pertenecientes a nueve comunidades indígenas y 16 afrodescendientes ubicadas en la parte alta y media del Río Tamaná se encuentran confinadas por el conflicto armado. Desde finales de abril, 25 comunidades entraron en confinamiento por segunda vez ante la violencia en la región y diferentes prohibiciones de movilidad. El acceso humanitario en estos contextos es esencial.
En mayo pasado la institucionalidad y diferentes organizaciones humanitarias hicieron una evaluación de la situación de seguridad, pero lamentablemente esta no parece que vaya a mejorar en un corto plazo.
De ahí la necesidad de garantizar corredores humanitarios, tanto por temas de salud como de aprovisionamiento de alimentos. En esta visita encontramos pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión arterial o epilepsia, quienes tienen tratamientos incompletos dados los confinamientos y los pocos medicamentos que reciben.
Y hay casos, como el de Nelsa, que nos demuestran que es esencial que las comunidades puedan vivir dignamente con un sistema de salud eficiente y gratuito. Ahora, con los tratamientos que Nelsa está recibiendo, esperamos que pronto pueda recuperarse de su fractura y retome los saltos y juegos como la niña alegre de seis años que es.
