La Procuraduría General de la Nación requirió al Ministerio de Defensa adelantar las gestiones necesarias para garantizar de manera urgente la presencia de efectivos del Ejército en jurisdicción del municipio de Bajo Baudó, Chocó, ante los enfrentamientos que vienen sosteniendo en esa región miembros de grupos armados al margen de la ley.
En comunicación enviada por la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, el órgano de control precisó que esa situación de orden público ha generado homicidios selectivos, imposición de reglas de conducta, restricción a la movilidad, amenazas a líderes y lideresas sociales, ocupación de bienes, confinamientos y desplazamientos forzados de los habitantes del municipio y corregimientos cercanos.
Tal situación al parecer se origina en un conflicto en la jurisdicción operacional en el municipio de Bajo Baudó, que ha conllevado a que no haya presencia de la Fuerza Pública en determinadas zonas de ese territorio, “lo que es aprovechado por los actores armados ilegales para disputarse el control del mismo, dejando graves afectaciones a la población civil, tal como se ha evidenciado en el seguimiento que realiza la Procuraduría a la situación humanitaria en ese municipio”.
Esa circunstancia ha afectado principalmente a las comunidades ubicadas en el área de influencia de los ríos Docampadó y Orpúa, así como del resguardo indígena Río Purricha, en jurisdicción de Bajo Baudó.
Además, los habitantes de la población de Geandó, que desde hace más de dos años permanecen en condición de desplazamiento en la cabecera municipal de Bajo Baudó, no han podido retornar a sus viviendas, debido a que ni la Infantería de Marina ni el Ejército han presentado la percepción de seguridad para ser aprobada en el Comité de Justicia Transicional, documento que es requisito para activar el acompañamiento al proceso.
Por esa razón, el órgano de control solicitó, además, copia del acto administrativo que determina la jurisdicción de la Fuerza Pública en el municipio de Bajo Baudó.
