Por Yolanda Ruiz
A veces escribir una columna es lanzar un grito al aire y nada más. En el comunicado de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN difundido el 15 de julio no se menciona a la población civil. El que ha sido víctima de amenazas, encierro y desplazamiento a causa de un paro armado y la presión de la guerra desatada entre ese grupo y el Clan del Golfo.
El comunicado menciona los mecanismos para avanzar en los diálogos, las comisiones de seguimiento, el apoyo de la comunidad internacional y confirma la fecha del 3 de agosto para la entrada en vigor del alto el fuego bilateral, nacional y temporal por 180 días. Nada se dice sobre el cese de hostilidades contra la población civil.
En uno de los puntos se menciona como parte de los protocolos ‘Mecanismos de control social y protección humanitaria en el marco del acuerdo de cese al fuego’. Allí, supongo, debe haber alguna referencia tácita a la población civil. Es claro que se instala una mesa de diálogo que busca generar un alivio a la guerra que golpea prioritariamente a la población civil. Por eso hablan y por eso buscan desescalar el conflicto.
Ese es el objetivo final, pero ¿no se podría facilitar la vida de las personas mientras hablan? ¿No deberíamos exigirle a un grupo que se siente a dialogar primero que cese toda agresión contra la población civil? Sería una forma de decir que no se acepta esta violación del Derecho Internacional Humanitario. Sería una forma de enviar mensajes de verdadero deseo de paz. Sería una forma de saber que lo que sucede en las comunidades más vulnerables realmente importa.
No pocas veces me he hecho estas preguntas a lo largo de mi vida como periodista: ¿Por qué parece que hay regiones condenadas a la pobreza y a la violencia y eso no se mueve? ¿Por qué los problemas son muy graves si ocurren en el centro del país y tienden a ser paisajísticos en la periferia?
¿Por qué las emergencias humanitarias cuando ocurren en el Chocó tardan semanas, meses, años en generar la atención que merecen? Hoy vuelve a pasar: miles de familias desplazadas, confinadas, asediadas por grupos criminales y el país ahí… como si nada.
En un comunicado anterior de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, del 11 de julio, se informó que más de 9.000 personas permanecían (o permanecen) confinadas y desplazadas por los enfrentamientos armados en el Chocó. Hizo un llamado a los grupos armados ELN y Clan del Golfo para que permitan la libre circulación de la población y denunció la dificultad para llevar ayuda humanitaria a los afectados.
Ese llamado careció de la contundencia que amerita una emergencia de tanta gravedad. No es la condena y el llamado protocolario lo que cabe aquí. El respeto a la población civil debe ser la condición para sentarse a hablar.
En ese mismo comunicado también pasó desapercibida una grave denuncia: “La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha recibido información comprobada de omisión, tolerancia o complicidad de sectores militares con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia…”
Así, según el Oficina del Alto Comisionado para La Paz, ¿hay indicios de que la fuerza pública, en la guerra que libran dos grupos ilegales, estaría tomando partido y aliándose con uno de ellos? Y eso no amerita debate. No se escuchan denuncias, no hay anuncios de investigaciones de organismos de control, no hay trinos virales. Esto pasa en el Chocó y que sigue pasando porque siempre ha pasado.
En el Chocó jóvenes son asesinados, amenazados, confinados, desplazados, se suicidan para evitar ser reclutados, se denuncia complicidad de la fuerza pública con los violentos. En el Chocó, como en otras regiones igualmente condenadas, hoy se vive lo peor de la guerra.
¿Por qué este país no se detiene ante una tragedia humanitaria de estas dimensiones? Tenemos tan incorporado en nuestro ADN colectivo que así es la vida en esos territorios y así será, que esto no genere el escándalo que debe generar para que las redes colapsen con el tema y el mundo reaccione para detener lo que está pasando allí.
