La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador del Chocó y exrepresentante a la Cámara Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
La decisión, conocida el 4 de agosto de 2026, se relaciona con presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la reposición de la infraestructura del hospital Lascario Barbosa Avendaño, en el municipio de Acandí.
Según el alto tribunal, las anomalías en la contratación generaron ocho suspensiones en la ejecución de la obra y un incremento de costos superior a los 1.500 millones de pesos frente al valor inicialmente pactado. El contrato, celebrado en agosto de 2016 durante la gobernación de Palacios Mosquera (2016-2019) con una Unión Temporal Constructora, contemplaba un plazo de 14 meses para adecuar el centro de salud. Sin embargo, años después la obra presentaba graves retrasos y solo existía un esqueleto de la estructura.
Palacios Mosquera, quien también se desempeñó como alcalde de Istmina (2008-2011) y fue elegido representante a la Cámara por el Partido Liberal, sector cordobista, es uno de los aforados con mayor número de procesos abiertos en la Corte Suprema.
Esta acusación se suma a otros expedientes en su contra:
Llamado a juicio por peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por irregularidades en el proyecto de masificación de gas natural en Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto, con un detrimento estimado en más de 17.000 millones de pesos.
Acusación por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros (detrimento de 1.082 millones de pesos) en la remodelación de la plaza de mercado de Istmina.
Otras investigaciones por actuaciones durante su gestión en la Gobernación, incluyendo el manejo de recursos de una acción de grupo.
La Corte Suprema formalizó la acusación en el caso del hospital de Acandí, por lo que Palacios enfrentará juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia del mismo tribunal.
El político ha enfrentado múltiples investigaciones por hechos de su paso por la administración departamental, incluyendo procesos disciplinarios y fiscales previos relacionados con la misma obra.
