La creciente inseguridad que padece el municipio de Bajo Baudó obligó a las autoridades locales a decretar medidas extraordinarias, entre ellas el toque de queda, con el propósito de proteger a la población civil ante el recrudecimiento del conflicto armado en esta zona del litoral Pacífico chocoano.
La decisión fue adoptada por la administración municipal luego de varios consejos de seguridad realizados con la participación de autoridades departamentales, organismos de seguridad y entidades humanitarias, en medio de una compleja situación marcada por confinamientos, restricciones a la movilidad y amenazas de grupos armados ilegales.
El decreto 100 de junio 25 de 2026 prohíbe de manera temporal la libre circulación de personas, vehículos y cualquier otro medio de transporte entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de junio.
Durante las últimas semanas, comunidades rurales de Bajo Baudó han denunciado fuertes afectaciones derivadas de acciones atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de las disputas territoriales entre diferentes estructuras armadas que operan en la región. La situación ha provocado el confinamiento de miles de personas en numerosos caseríos ubicados sobre los ríos Docampadó, Orpúa e Ijuá.
El Colectivo Fals Borda emitió una alerta sobre la situación que enfrenta la población de Pizarro, cabecera municipal de Bajo Baudó, donde denunció un confinamiento y hostigamientos por cuenta de la disputa entre grupos armados ilegales.
«El Eln y el ‘clan del Golfo’ disputan este territorio. Quienes pagan el precio son las comunidades», advirtió el colectivo.
La organización aseguró que el confinamiento habría comenzado desde el miércoles 24 de junio como consecuencia de las acciones de estos grupos armados y pidió una respuesta urgente de las autoridades.
«Exigimos respuesta inmediata del Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. La población civil no puede seguir siendo rehén del conflicto armado», señaló.
De acuerdo con la Gobernación del Chocó, más de seis mil habitantes resultaron afectados por restricciones impuestas por actores armados, quienes limitaron la navegación fluvial, principal medio de transporte de las comunidades. La medida impactó el acceso a alimentos, atención médica y actividades escolares. La Defensoría del Pueblo alertó, además, sobre la persistencia de riesgos humanitarios aun después del levantamiento de algunos bloqueos armados.
Ante este panorama, la Alcaldía de Bajo Baudó anunció la implementación de toques de queda y otras medidas orientadas a preservar el orden público y garantizar la seguridad de la población, especialmente en la cabecera municipal de Pizarro y en sectores considerados de mayor riesgo.
Las autoridades departamentales han insistido en la necesidad de una mayor presencia institucional y del fortalecimiento de la Fuerza Pública en el territorio. Asimismo, organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado el llamado al Gobierno Nacional para que adopte acciones urgentes que permitan proteger a las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Chocó.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha advertido que la crisis humanitaria en Bajo Baudó continúa siendo una de las más graves del departamento, debido a la persistencia de confinamientos, desplazamientos forzados y restricciones a la libre movilidad de la población civil.
Mientras tanto, los habitantes del municipio permanecen a la expectativa de que las medidas de seguridad adoptadas permitan restablecer la tranquilidad y evitar nuevas afectaciones derivadas del conflicto armado.
