Por Francisco. L. Valderrama A.
Lejos, lejísimos de una controversia inteligente entre visiones diferentes, el ejercicio de la política ha devenido en un lodazal donde se revuelcan con total impunidad trampas, negociados, chanchullos, peculados, prescripciones, investigaciones sesgadas, condenas selectivas. Por cuenta de semejante aberración, la elección popular de gobernantes, logro evidente de la democracia, ha derivado en un negocio ilícito que amenaza gravemente la institucionalidad colombiana.
La compraventa de votos ha convertido la actividad electoral en un gigantesco concierto para delinquir, donde peca el que paga y peca el que hipoteca su conciencia a cambio de ocasionales monedas. La participación ciudadana ha quedado reducida a una rutina que solo se practica el día de elecciones: De allí en adelante, el ciudadano como sujeto de derechos desaparece y el ejercicio del poder se contrae a nombrar compinches, favorecer clientelas, adjudicar contratos chimbos y aprovechar el cuarto de hora para depredar en grande.
Ocurre en todo el país y ocurre en nuestro atribulado Chocó. La corrupción se volvió paisaje y lo usual, lo cotidiano, es observar con impotencia la puerta giratoria entre la cárcel y el desempeño de un cargo público. Lo que pasa es que en el Chocó el expolio es más notorio porque las necesidades son mayores y los recursos más escasos. Para mayor escarnio, los actores privados, concurrentes evidentes de cada acto de corrupción, usualmente salen indemnes y ni siquiera reciben la condigna condena social.
Siempre, sin excepciones, quien paga por los votos es deshonesto, tramposo y convierte al ciudadano en cómplice de sus fechorías. Lo que hoy paga lo cobrara después, robando el dinero de la salud, de la educación y de las obras que el mismo ciudadano necesita. Quien viola la ley pagando por el voto, la violará mañana para apropiarse de los recursos colectivos. La utilidad del corrupto, público o privado, saldrá de su mismo bolsillo ciudadano ingenuo. Quien hoy le paga, mañana le robará para pagar la deuda contraída.
Depende de nosotros impedir que el ejercicio electoral se limite a escoger al depredador de turno. Son pocas, poquísimas las excepciones, pero todavía queda gente honorable que hace sus campañas sin recursos exóticos, sin patrocinios tóxicos. Tenemos que dignificar la política. El desempeño de un cargo público, por nombramiento o por elección popular, es una oportunidad de servicio y no un negocio ni una fuente de enriquecimiento.
El voto tiene poder de veto. No lo bote por favor. Pero sobre todo, no limite su ejercicio ciudadano al voto. Participe, cuestione, proteste, denuncie, vigile, exija. El hilo conductor del estado somos nosotros los ciudadanos, no el ocasional gobernante de turno. Mandatario no significa que manda, sino que obedece. Es así de simple pero así de profundo.
Hace un tiempo había dirigido una reflexión similar a mis paisanos del Carmen de Atrato, donde todos estos males también se volvieron costumbre. Y para colmo de males, el poder real no emana de la ciudadanía sino de un tercero, extraño, ajeno, lejano, que se enriquece a costa de los recursos naturales de la región y donde los gobernantes e instituciones de control no son más que simples adornos y pobres lameculos.
