Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, sala penal, en audiencia realizada en la mañana de hoy, dictó orden de captura, medida de aseguramiento preventiva en su vivienda y separación del cargo en contra de Ariel Palacios Calderón, gobernador del Chocó.
La decisión está relacionada con la investigación por posibles irregularidades en el contrato 003, suscrito el 3 de abril de 2020, que tenía por objeto garantizar el suministro de elementos de bioseguridad en atención a la pandemia por el COVID – 19.
Según la fiscalía, el mandatario chocoano incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión, ya que celebró el citado contrato, cuyo valor superó los 220 millones de pesos, de manera directa y en medio de varias posibles anomalías como: ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos; presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.
El gobernador no habría verificado el cumplimiento de requisitos esenciales, entre estos el de publicar el contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) dentro de los tres días después de la celebración. El material de prueba indica que esto, al parecer, se hizo tres meses después.
