La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia condenó enérgicamente el asesinato del exgobernador indígena Ramiro Forastero y de su hijo, Elmer Forastero, pertenecientes a la comunidad Embera Dóbida del Chocó. El doble homicidio, perpetrado en el municipio costero de Nuquí, agrava la crisis humanitaria que azota a la subregión del Pacífico chocoano y provocó el desplazamiento masivo e inmediato de centenares de nativos hacia el corregimiento de Jurubirá.
Los hechos comenzaron el pasado 24 de octubre de 2026, cuando el líder indígena y su hijo fueron interceptados y secuestrados por hombres armados en inmediaciones de su territorio. Tras cuatro días de intensa búsqueda y angustia colectiva, las autoridades y miembros de la comunidad hallaron los cuerpos sin vida de ambos hombres el 28 de octubre en el sector de Villa Nueva Jurubirá. Las primeras hipótesis apuntan al accionar de los grupos armados ilegales que disputan las rutas de narcotráfico y control de rentas en la zona.
La Oficina de la ONU en Colombia instó a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación «rápida y eficaz» para esclarecer el doble homicidio, al tiempo que exigió medidas urgentes de protección integral para las autoridades de los resguardos locales.
Éxodo humanitario y confinamiento
El impacto de este violento suceso fracturó por completo la tranquilidad de la cuenca del río Jurubirá. El temor a nuevas represalias y los combates directos entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC o ‘Clan del Golfo’) y la guerrilla del ELN forzaron el desplazamiento de aproximadamente 500 indígenas Embera Dóbida de la comunidad de Villa Nueva, quienes huyeron con lo poco que tenían hacia el corregimiento de Jurubirá y la cabecera municipal de Nuquí.
La Personería Municipal advierte sobre desbordamiento de la capacidad local
Frente a la gravedad de la situación, la Personería Municipal de Nuquí emitió un llamado de urgencia en el que exigió atención humanitaria inmediata y protección integral para las familias que huyen de la violencia.
Desde la agencia local del Ministerio Público se instó a la Alcaldía de Nuquí, en una labor coordinada con la Gobernación del Chocó y la Unidad para las Víctimas, a garantizar de forma prioritaria albergues temporales seguros, alimentación, agua potable, saneamiento básico y servicios médicos con un claro enfoque diferencial étnico.
El órgano de control enfatizó que la capacidad presupuestal y logística del municipio se encuentra desbordada ante el volumen de la emergencia, por lo que resulta indispensable que el Gobierno Nacional asuma el control del traslado seguro de los nativos y active de inmediato las rutas de contingencia para resguardar de manera prioritaria a los niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores que componen este masivo éxodo.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un llamado de auxilio urgente, advirtiendo que la crisis podría expandirse de forma inminente, dado que al menos 300 personas adicionales de la vecina comunidad de Puerto Indio se encuentran confinadas o en riesgo inminente de abandonar sus tierras debido a las presiones de las estructuras criminales.
Las autoridades de la Gobernación del Chocó y organismos de socorro internacional coordinan a esta hora la entrega de asistencia humanitaria de emergencia en Nuquí, un municipio turístico que hoy enfrenta el crudo reflejo de la persistencia del conflicto armado.
