La Fiscalía General de la Nación ocupó bienes en quince departamentos de responsables de varios casos de corrupción como ‘El carrusel de las pensiones’, Saludcoop, el Plan de Alimentación Escolar, la Universidad Tecnológica del Chocó y el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.
En total se ocuparon 184 bienes avaluados en 69.000 millones de pesos.
Las diligencias se realizaron en 30 municipios y ciudades entre las que se encuentran Bogotá, Quibdó, Bucaramanga, Cartagena, Maicao, Chía, Rionegro y Barranquilla.
Se informó que “en la Universidad Tecnológica del Chocó se presentaron anomalías en la celebración de contratos para la construcción de la sede educativa afectando a más de 1.300 estudiantes. Desde el 2013, fecha en que fue subscrito el contrato, no se han terminado los edificios que se tenían planeados”.
También se informó que “la Fiscalía afectó los bienes de un contratista y un interventor, quienes son procesados por posibles anomalías en la celebración de contratos para la construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó”.
Todo indica que la ocupación de bienes en Quibdó tiene relación con el contrato 010 de 2013 de la gobernación del Chocó sobre la construcción de la sede de la UTCH en Istmina, que albergaría a 1.300 estudiantes.
En relación con este caso de corrupción, en julio de 2022 la Contraloría General de la República profirió un fallo de sanción fiscal por la suma de 2.253 millones de pesos, en forma solidaria, contra tres exgobernadores del Chocó y otros cuatro funcionarios al encontrar graves irregularidades en la ejecución del contrato de construcción de la sede de Istmina de la Universidad Tecnológica del Chocó, UTCH.
Entre las múltiples irregularidades encontradas aparecen inconsistencias con las medidas en terreno, una mayor cantidad de obras pagadas a las realmente ejecutadas en algunos ítems, actas de pago que no se ajustan a la realidad, pues algunos ítems fueron ejecutados parcialmente o no estaban ejecutados, configurando un grave daño al patrimonio público.
Sobre este caso también se adelanta una investigación penal donde se han evidenciado más anomalías y gran detrimento patrimonial.
