El Ministerio de Transporte debe pagar perjuicios a habitantes del tramo La Victoria-Afirmado, en el tramo cinco de la vía al mar Ánimas-Nuquí y en jurisdicción de los municipios de Cantón de San Pablo y Río Quito.
En el año 1992 se suspendió la construcción de la vía al mar, cuando ya se habían construido 55 kilómetros entre Las Ánimas-Puerto Nuevo-La Victoria-Punta de Ocaidó-Afirmado.
Desde ese momento, y por la falta de mantenimiento de la vía, se inició un deterioro progresivo de la misma, especialmente del tramo La Victoria-Afirmado, donde se perdió la banca en varios segmentos y la hierba y los árboles recolonizaron el sector. Ya es imposible transitar por allí, generándose un millonario detrimento de recursos públicos y un grave perjuicio a los vecinos que vienen en los alrededores.
El 22 de junio de 2012 un grupo de los afectados presentó una demanda en contra del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, Invías con el fin de que se les declarara patrimonial y administrativamente responsables por los daños causados a “los productores y habitantes” de los municipios de Río Quito y Alto Baudó “por la supuesta falta y falla en la prestación del servicio por omisión en la atención de las emergencias que presenta la infraestructura vial de su competencia”.
El Juzgado 1° Administrativo Mixto de Descongestión de Quibdó, por medio de fallo del 5 de octubre de 2012, declaró responsables al Ministerio de Transporte y al Invías, porque al omitir sus funciones permitieron que no se pudiera usar la vía en este sector y, como consecuencia, los condenó al pago de perjuicios materiales e inmateriales. En contra de la anterior decisión, las partes interpusieron recursos de apelación que fueron decididos de manera desfavorable por el Tribunal Administrativo del Chocó a través de sentencia de 12 de diciembre de 2017.
El Ministerio de Transporte interpuso en el Consejo de Estado una demanda, recurso extraordinario de revisión, en contra de la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó el 12 de diciembre de 2017, para no tener que reparar a las comunidades afectadas.
Pero el pasado 16 de julio de 2021 el Consejo de Estado declaró improcedente la demanda. Quedó en firme la decisión judicial y ahora procede el pago por parte del Ministerio de Transporte de los perjuicios a estas comunidades afectadas de Cantón de San Pablo y de Río Quito.
