La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) emitió una alerta -este miércoles 6 de enero- por la situación humanitaria y el confinamiento de comunidades indígenas en Bojayá, Chocó.
Desde octubre, al menos 512 personas (222 mujeres, 290 hombres y 390 niños, niñas y adolescentes), de las comunidades indígenas de Unión Cuití y Unión Cuití Central, se encuentran en confinamiento por cuenta del control social de un grupo armado organizado en el territorio.
De acuerdo con la OCHA, esta información fue reportada por la comunidad a miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) en diciembre, a través de un comunicado escrito – con fecha del 6 de diciembre de 2020 – que fue remitido a la Personería municipal.
En este documento las comunidades denunciaron varias formas de intimidación como la prohibición de ejercer actividades como la pesca; la instalación de retenes ilegales en las vías fluviales; apropiación y construcción de viviendas para miembros del grupo armado organizado al interior de la comunidad y la apropiación de la siembra y cultivos de pancoger para alimentación de dicho grupo, en detrimento de la propiedad colectiva de los indígenas.
Aunque la emergencia inició en octubre, todavía no se ha activado el Comité Municipal de Justicia Transicional ni el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición.
“A la fecha no se ha llevado a cabo una misión de verificación del estado de estas comunidades por parte de las instituciones locales o departamentales. Hasta el momento, las fuerzas públicas no han accedido al territorio para asegurar la zona”, afirmó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Además, se informó que las mujeres de las comunidades no pueden movilizarse solas, ni siquiera cuando salen para intentar recoger su siembra, aunque no se han denunciado casos de violencia sexual por parte del grupo armado, la OCHA prevé que esta medida adoptada por las comunidades se relaciona con hechos victimizantes contra las mujeres.
Esta Oficina de las Naciones Unidas, afirma que se debe llevar a cabo un Comité Municipal de Justicia Transicional y el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición y que las instituciones locales o departamentales realicen una misión de verificación del estado de las comunidades; también se requieren medidas de protección especiales para prevenir y mitigar casos de violencia basada en el género.
Así mismo, la OCHA alerta sobre las necesidades de la comunidad en materia de alimentación. Si bien en octubre, noviembre y diciembre el Programa Mundial de Alimentos (WFP) entregó ayudas alimentarias a 512 personas, las comunidades afirman que se necesitan más alimentos con enfoque diferencial étnico y etario para atender a la población indígena y para los 390 niños, niñas y adolescentes.
La Personera del municipio denuncia casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y afecciones en la piel, por eso se requiere una brigada médica y kits de bioseguridad para evitar contagio de COVID-19.
En enero se adelantarán reuniones entre la OCHA, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Consejo Noruego para Refugiados (NRC), la Alcaldía y la Personería para evaluar la capacidad de respuesta local. Dentro del trabajo de coordinación, también se informa a la Gobernación sobre la situación, a través de Secretaría de Interior; el Consejo Noruego para Refugiados programó una misión de evaluación en la zona para dar respuesta el 14 de enero de 2021.
Solo en 2019, la Defensoría del Pueblo emitió 13 alertas tempranas sobre la situación de violencia en el Chocó. De hecho, el 9 de abril de ese año con la Alerta Temprana 017-19, la Defensoría alertó sobre el riesgo al que se encuentran expuestas las comunidades indígenas y afrocolombianas de las cuencas de los ríos Napipí (incluidas Unión Cuití y Unión Cuití Central), Opogadó, Doguadó y Bojayá.
