Líderes de la Asociación Campesina del Municipio de Riosucio, Acamuri, y de los consejos comunitarios de las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí y Quiparadó, viajaron a Bogotá para presionar al gobierno nacional el cumplimiento de compromisos legales y para denunciar la crítica situación del Bajo Atrato, agravada por la devastación dejada por la ola invernal.
En concreto, los líderes exigen la aprobación de partidas presupuestales previstas en la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, relacionada con los derechos de las comunidades desplazadas
y el Auto 005 de 2009 sobre protección de derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado.
Desde el 21 de julio los dirigentes chocoanos se han reunido con funcionarios de los ministerios de Igualdad y Equidad, Salud, Vivienda, Deporte, IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas), Unidad Nacional para las Víctimas, Unidad Nacional de Protección (UNP).
También han hecho presencia en el Congreso de la República.
