Por Katty Romaña. Comunicadora Social y Periodista. Magistra en Comunicación PUJ. PhD en Comunicación. Directora del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH).
Tomado de Razón Pública https://razonpublica.com/la-situacion-choco-conflicto-sin-fin/
El Chocó es uno de los departamentos más afectados por los grupos ilegales y su situación parece no mejorar después de la firma del Acuerdo de Paz.
Guerra macabra
El conflicto armado en Colombia está asociado con dos factores fundamentales y complementarios: el control sobre la tierra y el papel del Estado.
Con la firma del Acuerdo de Paz, muchos pobladores se llenaron de esperanza porque llegaría a su fin el conflicto que los mantuvo excluidos durante tanto tiempo. Esto abrió la oportunidad de atender las necesidades más urgentes como las de disponibilidad de agua potable, alcantarillado, infraestructura, educación, salud, empleo, contaminación ambiental y corrupción.
Pero la realidad es otra. Durante años, la ubicación geográfica estratégica y la riqueza en biodiversidad de estos territorios han sido un atractivo para los grupos armados ilegales, quienes actúan como reguladores del orden ante la ausencia del Estado, oprimiendo a las comunidades mediante extorsiones, masacres, intimidaciones, confinamientos y desplazamientos. Así mismo, transforman sus territorios en zonas de cultivos ilícitos, corredores de droga para el tráfico de armas y espacios para la extracción ilegal de metales preciosos.
El departamento del Chocó es uno de los más afectados por esta situación. Allí confluyen todos los grupos armados ilegales: las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el ELN y las BACRIM.
En la actualidad el Chocó es considerado como el escenario donde tienen lugar la mayoría de los problemas humanitarios que enfrenta Colombia, pero que resultan invisibles tanto en los medios nacionales como en los internacionales.
La Habana, la población del Chocó tenía la esperanza de una paz
que lograra cubrir sus necesidades básicas. Hoy, en medio
de la desolación y el conflicto entre diferentes grupos armados,
guardan silencio para preservar la vida.
Su ubicación geográfica es privilegiada para grupos narcotraficantes y para las organizaciones guerrilleras que conciben el territorio como un corredor estratégico para el tráfico de drogas y de armas. El conflicto en los territorios afrocolombianos se convirtió en un escenario de guerra macabro y efectivo.
Conflicto que no acaba
Los grupos armados ilegales están presentes en el Chocó por cuatro tipos de razones:
Hay un silenciamiento mediático en las tragedias del conflicto donde los protagonistas son poblaciones afro. La herencia colonial condiciona estos procesos de interacción y acentúa el abandono y la indiferencia por parte de los medios y por parte del Estado —como en el caso de la masacre de Bojayá—.
Ausencia estatal. Nuestro Estado es débil y no garantiza los derechos de las comunidades que continuamente están expuestas a la violencia de los enfrentamientos armados. En ese sentido, el Estado no garantiza el cumplimiento de la Ley 70 de 1993, que reconoce los derechos de las comunidades negras que ocupan las tierras baldías en la Cuenca del Pacífico.
Riqueza biodiversa. La riqueza en recursos naturales despierta el interés de los grupos ilegales, pero también de las multinacionales, que extraen de forma masiva los recursos y afectan gravemente el medioambiente y la salud de las personas.
Ubicación geoestratégica. El departamento del Chocó es el único que tiene costa en los dos océanos, Atlántico y Caribe. Por la vía fluvial pueden conectarse Estados Unidos, México o Panamá. Por lo tanto, es un corredor ideal para el tráfico de drogas y de armas.
Un Estado ausente
La población ha estado inmersa en ataques por parte de los diversos grupos armados que se encuentran en la región. Los bloqueos, confinamientos, amenazas y atentados parten de la ausencia estatal. Las poblaciones viven en medio del fuego cruzado.
«En la actualidad el Chocó es considerado como el escenario donde tienen lugar la mayoría de los problemas humanitarios que enfrenta Colombia, pero que resultan invisibles tanto en los medios nacionales como en los internacionales».
En 2021, la población afrocolombiana representó el 34 % de las personas afectadas por confinamiento y desplazamiento en el departamento. Desde 2017 hasta la actualidad, al menos 30.204 personas afrocolombianas han sido desplazadas forzosamente y 13.879 han sufrido confinamiento.
El Estado no brinda las garantías necesarias para que las poblaciones puedan vivir de acuerdo con su cosmovisión en los territorios otorgados por la Ley 70 de 1993. Aunque esta Ley es un gran avance para las comunidades negras y para la legislación colombiana, por el hecho de reconocer a las comunidades como dueñas de sus territorios, las comunidades se ven expuestas a la violencia que las somete a un proceso de desterritorialización y desplazamiento por parte de los grupos al margen de la ley.
Es por ello por lo que la desprotección del Estado no garantiza la dignidad humana y vulnera sus derechos fundamentales.
Consecuencias sociales del conflicto en el Chocó
Existen factores de inequidad y exclusión social que son históricos: el legado colonial, el racismo y la falta de oportunidades que garanticen el desarrollo social íntegro de la población que se ve afectada por las implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales del conflicto.
«Según el DANE, el 79,19 % de la población chocoana se encuentra con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Presenta una pobreza extrema del 34,3 % y el 75 % de la población recibe salarios inferiores al mínimo legal. Las comunidades se enfrentan al desarraigo familiar, a los problemas de autoridad y a la naturalización de espacios mediados por la muerte y el dinero».
En las palabras de un habitante del municipio de Istmina, “la comunidad se ha acostumbrado a vivir en medio del conflicto. En medio de su realidad, ha construido un sentido de indiferencia ante lo que ocurre día a día en su vida social. Antes no hablábamos de desplazamiento y conflicto. En estos lugares la gente se moría de viejo. Las historias de los viejos son las historias que añoramos volver a oír. Uno dormía con la puerta abierta”.
Sigue: “Hace doce años tendiéramos la bandera de la paz. Los jóvenes de hoy, a raíz de lo que está pasando, han perdido el norte. Se ha perdido la confianza en la fuerza pública, en los funcionarios porque parece que todos estuviéramos de alguna manera o contaminados o asustados.”
Consecuencias económicas
Es evidente que la apropiación de los recursos en estas regiones se debe, por un lado, a los grupos al margen de la ley. Pero también al gobierno y sus políticas que le dan alto margen de operación a las multinacionales y a los grandes empresarios nacionales.
Sumado a esto, la ausencia, tanto como la inoperancia o la complicidad de la fuerza pública en estos territorios, deja indefensa y desprotegida a las comunidades y contribuye a que se establezcan nuevos reguladores del orden. Los grupos ilegales son los que ejercen el verdadero control y, por ende, son los dueños del territorio que se disputan unos a otros lo cual les permite negociar con los grandes emporios económicos.
El Chocó, como área de interés, ha sido llamada región homogénea, tradicional, atrasada, marginada y subdesarrollada. Este tipo de designaciones son un lenguaje estratégico de identificación para descalificar la región y a sus pobladores.
Al tiempo se declara la necesidad de una transformación que medie el reconocimiento de un desarrollo planificado impuesto por la globalización, cuyo fin es contribuir al llamado “desarrollo regional”. Sobre esta idea, incursiona el discurso globalizador que anida en el enfoque economicista e irrumpe con fuerza en la región, al tiempo que se vincula con la perspectiva de progreso.
Este campo de apertura resulta ser el principal caldo de cultivo para la escalada del conflicto en la región. Por una parte, al ser reconocida en sus planes municipales como región minera, también es solicitada por los inversores extranjeros cuyo propósito es la minería a gran escala. Al mismo tiempo se convierte en escenario propicio para el despojo territorial, financiado muchas veces por grandes corporaciones.
La vida cotidiana de los chocoanos sigue atravesada hoy por un conflicto directo contra quienes aún se sostienen en sus territorios y por un conflicto latente para quienes fueron desterrados y que se han sumido en el terror, la desesperanza, el olvido y, para muchos, la indignidad.
El deber del Estado
Por último, el Estado tiene una tarea inconclusa en el departamento del Chocó: prestar especial atención a las políticas de seguridad para garantizar los derechos fundamentales en medio de un conflicto que se recrudece por parte de los grupos armados ilegales que hacen presencia en los territorios.
La ausencia del Estado ha creado conflictos de poder entre los grupos armados y la población civil que queda expuesta a actos violentos. Por ello, es menester del Estado proteger los derechos fundamentales de todos.
La cultura de esta región ha sido tradicionalmente oral, como consecuencia de los nuevos reguladores del orden. Por esta razón, las personas deben quedarse en silencio para proteger su vida. Las festividades culturales se construyen en este escenario como el único espacio para expresarse y hacer catarsis. Es un mecanismo de resistencia frente a un conflicto que parece no tener fin.
