Hoy, martes 12 de julio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibe el informe ‘Mujeres: cuerpos y territorios despojados en el Bajo Atrato’, de parte del Centro de Investigación y Educación Popular Cinep/PPP y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el cual aporta información relevante al caso 004, que prioriza los hechos ocurridos en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién.
Este informe entregado en Apartadó (Antioquia) a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, documenta las violencias que se ejercen contra mujeres indígenas, negras y campesinas que luchan por sus derechos a la tierra y al territorio en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Unguía en Chocó.
Se trata de una investigación para dar cuenta de las estrategias usadas para el despojo, vaciamiento y apropiación de los territorios de las comunidades del Bajo Atrato por parte de terceros y grupos armados al margen de la ley, que incluyen amenazas, violencias físicas, desplazamiento forzado, violencia sexual y control sobre el comportamiento; las afectaciones generadas a mujeres y sus territorios por estas violencias; y el subregistro de denuncias ante las instituciones debido a la debilidad de los sistemas de información, la falta de confianza en las instituciones, su nula presencia, el alto riesgo de revictimización por denunciar y la naturalización de las violencias propiciada por el control social y la vigilancia que ejercen los grupos armados, particularmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
“En este momento las más afectadas por la violencia en el Bajo Atrato están siendo las niñas y adolescentes, a razón de la lucha por la tierra y el fuerte control social y territorial que generan actores armados de distinta índole y terceros ajenos al territorio que hacen uso y usufructo de la misma de forma ilegal”, asegura Juan Pablo Guerrero Home, subdirector del Cinep.
El informe identifica 123 hechos victimizantes a mujeres del Bajo Atrato desde el 2011, año de expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y concluye que las violencias que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres son una extensión del proyecto colonizador del territorio y de un modelo económico que prioriza la explotación de la tierra para la agroindustria, la ganadería y la siembra de hoja de coca; situación que sigue generando despojo, desplazamientos, amenazas y ataques directos sobre las reclamantes de tierras.
De la mano de mujeres indígenas, campesinas y afrocolombianas del Bajo Atrato, Urabá y Darién, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) recibe este informe fruto de doce meses de investigación y acompañamiento, en evento privado en Apartadó, Antioquia.
El informe puede ser consultado y descargado en:
