Por Marco Aurelio Guío Ledesma
Con la aprobación de la ley 100/93 se cambió el modelo de salud, pasando de los subsidios a la oferta por los de la demanda, es decir los recursos le llegan a las instituciones del sector según el número de pacientes atendidos y de acuerdo con el valor de la unidad de capitación, se creó una red de instituciones encargadas de la prestación del servicio y le abrieron las puertas al capital privado en este sector de manera permanente.
Crearon dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. El primero para atender a todos los que tenían capacidad de pago y el segundo para aquellos que no tienen ingresos para sufragar este servicio, como esencia de la concepción neoliberal de entregar servicios sociales a la población dentro del criterio de lo básico, así como pasó con la educación, vivienda, etc.
Con el devenir de esta política se fueron acabando las instituciones públicas y florecieron toda serie de empresas privadas, lo cual llevó a la quiebra de este sector oficial, ya que las nuevas instituciones privadas EPS, IPS coparon el mercado y con una serie de argucias como la integración vertical arrasaron con la mayoría de las instituciones públicas
El modelo fue concebido para que el sector privado moviera la mayoría de los recursos de la salud, hasta que empezó a hacer crisis y los diferentes gobiernos le hicieron algunos ajustes que no dieron resultados y hoy con la pandemia se puso de presente la debacle del sector en país y en el Chocó.
En el Chocó se creó una serie de instituciones privadas que han enriquecido a muchas personas, se juega con el régimen subsidiado donde la población ha venido siendo adjudicada a los amigos de la administración de turno. Por eso hoy los hospitales públicos están en bancarrota, debido al modelo imperante y a la corrupción que carcome al Chocó.
Las EPS que reciben los recursos financieros enviados por la nación le pagan cuando quieren a los prestadores del servicio y en muchos casos las glosas de las cuentas llevan a que tengan que negociar en condiciones bastantes desventajosas, lo cual lleva a la quiebra a la mayoría de las instituciones públicas.
Para una muestra es la deuda de las EPS con los hospitales públicos del Chocó, lo cual sumado a la ineficiencia y corrupción que ha operado en este sector ahondan el problema y la única solución que ofrece el gobierno nacional es la figura de la intervención, que no ha funcionado en el Chocó y por el contrario ha sido funesta para nuestra tierra.
Con las intervenciones nos han mandado una serie de ladrones que hoy algunos están huyendo de la justicia, ya que ha sido peor la cura que la enfermedad, lo cual es manejado desde el nivel central donde hay una serie de reparto politiquero del sector. Se rotan estos profesionales que van por todo el país de institución en institución cumpliendo con el legado de quienes lo llevan a esos cargos. Sería bueno que nos dijeran cuantos profesionales del Chocó hay inscritos para ser interventores.
En la salud hay 42 billones de pesos anuales en los dos sistemas, lo cual lo hace atractivo para la politiquería. Es decir el problema no es de plata sino la estructura y modelo concebido para el manejo del sector privado, que ya hizo crisis y de no modificarse estructuralmente, el acceso a la salud seguirá siendo un privilegio para el que tenga como pagar el modelo de medicina prepagada.
La salud en el Chocó es un sistema que raya con un modelo de exterminio, ya que la gente se muere en las puertas de las instituciones y cuando no le dan “el paseo de la muerte”, como es el caso de mucha gente que desde Quibdó la trasladan a ciudades tan lejanas, que cuando llegan, los devuelven en un ataúd o en un cofre que contiene las cenizas.
