En auditoría realizada en el año 2024 a los recursos del Sistema General de Participaciones en educación vigencia 2023, en el gobierno de Ariel Palacios Calderón, la Contraloría determinó hallazgos por cerca de 4.000 mil millones de pesos en Chocó.
• El hallazgo fiscal de mayor cuantía es por $ 1.758 millones y obedece a valores pagados sin justificación, ni soporte alguno de ejecución y a usos no contemplados.
• También se destaca el presunto detrimento patrimonial por $ 1.019 millones por deficiencias en las labores de supervisión a la atención de niños, niñas y adolescentes no registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil – SIMAT y por pagos en valores que no corresponden a la canasta educativa.
La Contraloría General de la República realizó una Auditoría de Cumplimiento en el año 2024 a los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP: Educación y Propósito General (Deporte y Cultura); Programa de Alimentación Escolar – PAE e Infraestructura Educativa, Deportiva, Cultural y de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento del Chocó y municipio de Quibdó vigencia 2023, en la que se establecieron nueve (9) hallazgos con incidencia fiscal por cerca de $4.000 millones.
Dentro de los hallazgos fiscales de esta auditoría, se destaca el establecido en la evaluación del contrato GSEDCHOCÓ-030 de 2023, cuya cuantía asciende a los $1.758 millones. Según la investigación esos recursos fueron invertidos sin soportes ni justificación de su ejecución, en la ampliación cobertura educativa, y reparaciones locativas de establecimientos en la sede administrativa de la asociación OREWA.
De otra parte, en el marco de la ejecución del contrato para la prestación del servicio educativo GSEDCHOCÓ 017 de 2023, suscrito entre el departamento del Chocó y la Asociación de Cabildos Indígenas Embera Katio, se realizaron pagos por $470 millones correspondientes a la atención de 145 niños, niñas
y jóvenes que no se encuentran registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil – SIMAT.
También se encontraron irregularidades en la ejecución contractual de las actividades que componen la canasta educativa por $549 millones. Estos hechos generaron un detrimento patrimonial por $1.019 millones debido a deficiencias en las labores de supervisión.
En total, como resultado de la auditoría, la Contraloría estableció veinte siete (27) hallazgos, de los cuales veinte (20) tiene presunta incidencia disciplinaria, nueve (9) incidencia fiscal por $3.868 millones, uno (1) con presunta incidencia penal, cuatro (4) para solicitud de Indagación Preliminar y dos (2) con otra Incidencia para traslado al Archivo General de la Nación.
