Para este miércoles 21 de diciembre quedó pactada la cita para iniciar con el proceso de regreso voluntario, a Chocó y Cauca, de los integrantes de las comunidades indígenas que se encontraban resguardadas en Bogotá. Se trata de unas 250 personas que dejarán los albergues del Parque la Florida y la Unidad de Protección Integral La Rioja, lugares en los que actualmente residían. Esto se da luego de que se llegarán a acuerdos entre representantes de la comunidad embera katío, ubicada en el Parque La Florida, y la directora general de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí.
De la Florida retornarán 81 familias, es decir, 202 personas, al municipio de Bagadó al Resguardo del Alto Andágueda, en el departamento del Chocó.
Del asentamiento ubicado en La Rioja retornarán dos familias embera dóbida a sus lugares de origen en Pizarro, Bajo Baudó, en el Chocó.
Estos ciudadanos recibirán “apoyo a la sostenibilidad, kit de hábitat, transporte de enseres y personas hasta su resguardo, y ayuda humanitaria de trámite especial, tanto a retornados como a comunidad receptora”, explica la Unidad para las Víctimas.
“La Unidad, por su parte, se ha dispuesto a entregar ayudas humanitarias, apoyo económico para la sostenibilidad, transporte mular y kits de habitabilidad que consisten en materiales que les permita construir albergues temporales en sus lugares de origen”, añadió la institución.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo el pasado mes de octubre que las ayudas que le daba el Distrito a estas comunidades eran gastadas en licor. “Bogotá ha aportado $9.000 millones en albergues, atención humanitaria, de salud, educación y alimentación de la población embera por dos años. Es responsabilidad del gobierno nacional evitar el desplazamiento y garantizar el retorno”, comentó.
“Como también le debió informar la Unidad de Víctimas, señor Presidente, varios hombres “líderes” emberas explotan en mendicidad a mujeres y niños, mientras se gastan las ayudas que les damos en licor y ejercen violencia contra su propia comunidad, ciudadanos y servidores públicos. Esos y muchos más hechos de violencia y abuso los denunciamos hace meses ante ICBF sin que se haya tomado ninguna medida preventiva ni de protección a los niños ni sancionatoria a los adultos. También interpusimos denuncias penales ante la Fiscalía que están en curso”, detalló la mandataria local.
