Indígenas Embera Katío de Bagadó, Chocó, siguen en situación de extrema vulnerabilidad en Ibagué desde inicios de diciembre de 2025, tras ser víctimas de desplazamiento forzado causado por el ELN. Actualmente, alrededor de 14 familias (incluyendo menores de edad, adultos mayores y personas en condición de discapacidad) se encuentran asentadas de manera precaria en el sector del Centro Administrativo Municipal (CAM) de La Pola, en el barrio La Pola de la Comuna 1 de Ibagué.
Allí han superado los dos meses (incluso acercándose a los 40-60 días según reportes recientes) viviendo en cambuches improvisados, expuestos a las inclemencias del clima, sin acceso adecuado a saneamiento básico —lo que obliga a realizar necesidades fisiológicas a cielo abierto—, con alimentación insuficiente y graves riesgos para la salud pública.
El edil de la Comuna 1, Johan Paúl Muñoz Castro, junto a sectores sociales y líderes comunitarios, radicó recientemente un derecho de petición dirigido a la Presidencia de la República, varios ministerios (incluyendo Interior y Defensa), la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Atención y Orientación a Víctimas (UAO), las gobernaciones del Tolima y Chocó, y la Alcaldía de Ibagué.
En el documento se solicita de forma urgente:
-El traslado inmediato y seguro de la comunidad a su territorio ancestral en el Chocó.
-La coordinación interinstitucional para garantizar un retorno digno, con todas las condiciones de seguridad, habitabilidad, acceso a servicios básicos (agua, salud, educación) y prevención de nuevos ciclos de violencia.
-Respuesta efectiva y pronta a la crítica situación humanitaria actual, ya que —según el edil— no se han recibido soluciones concretas por parte de las entidades competentes pese al tiempo transcurrido.
Muñoz Castro ha enfatizado que no cesará en sus esfuerzos hasta que se cumpla con la dignidad que establece la Constitución Política de Colombia para los pueblos indígenas, recordando el abandono histórico que han padecido estos grupos étnicos por parte del Estado. Asimismo, advierte que la falta de atención oportuna podría derivar en acciones judiciales adicionales, como una acción de tutela para proteger derechos fundamentales como la vida, la integridad, la salud, el mínimo vital y la pervivencia cultural.
Por su parte, líderes de la comunidad, entre ellos Luis Ángel Pitucai, han manifestado su profunda angustia por las difíciles condiciones climáticas, la inseguridad alimentaria y el deseo unánime de regresar a sus tierras ancestrales lo antes posible.
Cabe destacar que este no es un caso aislado: parte de la comunidad (alrededor de 17 familias, unas 46-47 personas) ya fue retornada en diciembre de 2025 por gestión de la Alcaldía de Ibagué, en cumplimiento de competencias locales y de fallos judiciales previos (como acciones relacionadas con reubicación temporal).
Sin embargo, las familias restantes dependen principalmente de la Unidad para las Víctimas a nivel nacional, que ha solicitado más tiempo para concretar el proceso de retorno seguro y definitivo, mientras la Administración Municipal continúa brindando atención humanitaria básica (alimentos, kits de aseo, atención médica y acompañamiento psicosocial).
La situación ha generado preocupación vecinal en el barrio La Pola por temas de insalubridad y convivencia, pero también solidaridad de sectores sociales que respaldan la petición de retorno digno.
