La obra nunca se terminó. Hay indicios de un presunto detrimento patrimonial por algo más de 4.100 millones de pesos.
La Fiscalía General de Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas, entre funcionarios y particulares, que estarían involucradas en presuntas irregularidades en el contrato de construcción de la sede de la Universidad Tecnológica de Chocó en Istmina.
El contrato 010 de 2013 contempló construir una sede que albergaría a 1.300 estudiantes. Sin embargo, una parte quedó en obra gris, abandonada y expuesto a la maleza y la inclemencia del clima de la región.
Las investigaciones evidenciaron que el terreno escogido, al parecer, no era apto para soportar una infraestructura de este tipo. Adicionalmente, se estableció que las obras habrían iniciado sin licencia de construcción y en un aparente desconocimiento de los parámetros definidos por las normas de sismo resistencia. También quedó en evidencia un presunto detrimento patrimonial por 4.100 millones de pesos.
La Subdirección de Control del Departamento Nacional de Planeación (DNP) impuso, en la resolución 0244 deL27 de enero de 2017, medida de suspensión preventiva de giros, por incumplimiento del contrato y las deficiencias técnicas de la construcción.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación a las siguientes personas: los exsecretarios de Infraestructura de la Gobernación de Chocó, Dahaira Castillo Hurtado y Alberto Quintero Barco; al actual secretario de Infraestructura José María Córdoba Rentería; y al interventor José Albert Lemus Lozano.
De otra parte, imputó el delito de prevaricato por acción al secretario de Planeación de Istmina, Deysser Alonso Bonilla Martínez. Los procesados no aceptaron los cargos.
