Este reporte es producido por la sub-oficina de OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) en Quibdó́, en colaboración con el Equipo Local de Coordinación (ELC).
Comprende el periodo entre el 08 al 14 de noviembre de 2024.
Más de 188.000 personas que habitan 27 de los 31 municipios que conforman el departamento del Chocó reportan afectaciones por la ola invernal, principalmente por inundaciones y crecientes súbitas de los ríos Atrato, San Juan, Baudó y sus afluentes.
Por medio del Decreto 0282 de 2024 la Gobernación del Chocó declaró situación de calamidad pública, conforme a las afectaciones producto de las fuertes lluvias e inundaciones; con base a los reportes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) se ha establecido que los municipios con afectaciones críticas son Riosucio, Bojayá, Alto Baudó, Medio Baudó, Nóvita y Litoral del San Juan.
En cinco municipios se reporta doble afectación debido a la declaratoria de paro armado por parte de un Grupo Armado No Estatal que restringe la movilidad para más de 19.000 personas en los municipios de Sipí, Nóvita, Istmina, Litoral del San Juan y Medio San Juan pertenecientes a la subregión del San Juan, donde se presentan restricciones a la movilidad y al acceso lo que limita la activación de respuesta humanitaria inmediata para estas comunidades.
Por su parte, la institucionalidad incidió para que desde el 13 de noviembre se habilitara un mecanismo para el ingreso de ayudas humanitarias por los ríos San Juan, Cajón y Sipí para la atención de población afectada por las inundaciones que habita en las zonas donde está impuesto el paro armado.
La Secretaría de Educación Departamental (SED) reportó afectaciones en por lo menos 74 sedes educativas que afectarían a 51.000 niños, niñas y adolescentes en términos de infraestructura, enseres, equipos de cómputo, elementos escolares y cocina. Entre ellas, tres instituciones educativas indígenas han sido afectadas. Los niños, niñas y adolescentes han sido afectados por la suspensión de actividades académicas, aumentando los riesgos de protección, incluyendo afectaciones en la salud mental e incremento de reclutamiento, uso y utilización.
