La iglesia católica, otras iglesias y organizaciones del Chocó y occidente de Antioquia enviaron una carta al presidente Iván Duque solicitando una reunión urgente para afrontar y solucionar la grave y compleja crisis humanitaria que se padece en el Choco y el occidente de Antioquia
“Nos preocupa que la respuesta del Estado ante la grave situación social, visibilizada a través de las misiones humanitarias, sólo tenga una respuesta de negación que pueda contener en el fondo la intencionalidad de silenciar lo que está ocurriendo en el Chocó y occidente de Antioquia”, si anota en la carta.
Agregan que se requiere “concretar respuestas integrales, inmediatas y eficaces, desde las distintas instancias del Estado y Gobierno a fin de detener la violencia y atender la crisis humanitaria que afecta gravemente la vida y supervivencia de las comunidades del Chocó, occidente antioqueño y Pacífico en general, debido al aumento de la violencia al punto que sus habitantes se encuentran secuestrados en sus casas víctimas de la extorsión”.
“El año pasado, el 72% de la población chocoana estaba en riesgo. Hoy, en el mes de febrero, el 77% de la población chocoana estaba en riesgo por la violencia, según la Defensoría del Pueblo y sus alertas tempranas; entonces, necesitamos que realmente haya empatía social del gobierno hacia los territorios”, indicó Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en Colombia. Y confirmó la presión de algunos miembros del ejército contra los miembros de las misiones humanitarias realizadas en los departamentos de Chocó y Antioquia.
El obispo de la diócesis de Istmina-Tadó, Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, ha condenado enérgicamente el asesinato de Luis Chamapuro Quiro, líder del pueblo Wounaan del Chocó, secuestrado el 3 de febrero por miembros del ELN. “Hago un llamamiento a todos los grupos armados, al ELN, al Clan del Golfo y a todos aquellos que se empeñan en buscar su propio bien, para que miren la realidad de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, y paren de una vez por todas esta espiral de violencia”, dice el Obispo.
“Gran parte de la dirigencia política del departamento ha aprendido eso porque, teniendo la posibilidad de tomar la vocería y dignidad del pueblo chocoano, pues no lo hacen, sino que se han metido también en el ritmo de la corrupción y de los intereses personales”, manifestó el obispo de Istmina, monseñor Mario Álvarez Gómez.
“Yo creo que ante la realidad tan evidente de los hechos y las comunidades, pues no hay necesidad de temer ninguna persecución porque habría que perseguir a toda la comunidad”, expuso monseñor Hugo Torres, obispo de Apartadó.
Para la Iglesia católica, la solución en el Chocó pasa por enfrentar la pobreza y las altas tasas de homicidio.
Texto de la carta
Quibdó, 21 de enero de 2022
Señor
Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
Ref: Solicitud de reunión con autoridades de alto nivel del Estado y del Gobierno Nacional.
Cordial saludo.
El 18 de noviembre de 2021, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, en Bogotá, doce (12) organizaciones sociales y étnico territoriales del departamento del Chocó, la Arquidiócesis de Santa fe de Antioquia y las diócesis de Apartadó, Quibdó e Istmina-Tadó, dos comunidades religiosas, tres iglesias evangélicas y siete plataformas y organizaciones nacionales de derechos humanos entregaron a través de una rueda de prensa un documento titulado: MISIONES HUMANITARIAS EN EL CHOCÓ Y OCCIDENTE DE ANTIOQUIA. INFORME COLECTIVO SOBRE LA GRAVE CRISIS HUMANITARIA Y DE DERECHOS HUMANOS (en adelante las Misiones). Dicho documento fue dirigido al Estado colombiano y a los medios de comunicación.
La respuesta del alto gobierno, hasta el momento ha tenido diversas expresiones, entre las cuales mencionamos las siguientes:
1. El Ministro de Defensa Diego Molano, desvirtuó la descripción de los hechos, argumentando que no compartía el informe de la Iglesia sobre la crisis en el Chocó y aduciendo que la Fuerza Pública estaba dando resultados en el orden militar, para lo cual se apoyó en la captura de Alias Otoniel y la muerte de Alias Fabián (Cfr. https://www.elcolombiano.com/colombia/mindefensa-no-comparte-informe-de- iglesia-sobre-crisis-en-choco-CD16046004).
2. El Periódico El Tiempo, en un artículo del 19 de noviembre de 2021 afirma: “Respecto a lo revelado por la Iglesia y las demás organizaciones, EL TIEMPO consultó al consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien asegura que el Gobierno está acompañando al Chocó y a Antioquia en todos los temas, especialmente en la implementación a través de la política de paz con legalidad y trabajando con las víctimas. “Solo en el Chocó hay más de 39.000 millones de pesos en inversiones, más de 1.500 indemnizaciones”, señaló, además del acompañamiento a los excombatientes”. (https://www.eltiempo.com/vida/religion/iglesia-pide-al-estado-actuar-ante-crisis- humanitaria-en-choco-y-antioquia-633255).
3. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta TITÁN, Brigadier General Oscar Leonel Murillo, en una comunicación con fecha del 25 de noviembre, interpone una “solicitud de aclaración y/o rectificación afirmaciones – informe colectivo del 18 de noviembre de 2021”, dirigida a los integrantes de las Misiones Humanitarias en el Chocó y Occidente de Antioquia. En el mismo sentido, el Coronel José Edilberto Lesmes Beltrán, Jefe de Estado mayor y Segundo Comandante de la Cuarta Brigada del Ejército nacional, dirigió una comunicación el 2 de diciembre a los colectivos participantes en la Misiones Humanitarias.
4. El Comandante de la XV Brigada del Ejército Nacional, Coronel Geovanni Andrés Cortés Molina, señaló que “no estaban de acuerdo con las denuncias hechas por las organizaciones”, exigió “rectificación de las afirmaciones” e “interpuso una acción de tutela” que no estaba dirigida a los diversos colectivos firmantes del Comunicado del 18 de noviembre, sino contra Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto, Obispo de la diócesis de Quibdó, por “supuesta violación del derecho al buen nombre y a la honra de la Fuerza Pública” (Cfr. Acción de Tutela con radicado 270014088001-2021-00106-00).
A este respecto, la representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Juliette de Rivero, manifestó su preocupación por estas reacciones del gobierno, el pasado 10 de diciembre en la conmemoración del día de los derechos humanos en Tumaco: “es absolutamente inaceptable que se cuestione lo planteado por las organizaciones e iglesias, no se puede ejercer coerción a quienes hicieron estas denuncias, ahora los están interpelando para que se retracten. Nuestra propia Oficina en este 2021 hasta el 31 de octubre, hemos registrado 45 personas asesinadas defensoras de derechos humanos en el pacífico (Valle, Nariño, Cauca y Chocó), 10 masacres y dos desaparición” (https://www.noticiasuno.com/nacional/juliette-de-rivero-de-onu-d-h-pide-acompanar-a- comunidades-en-sus-criticas/).
Confirmando el grave panorama descrito por la ONU, el Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis, se había pronunciado a través de su cuenta de Twitter el 16 de septiembre de 2021, denunciando que “el Chocó está viviendo una emergencia humanitaria que debe priorizar el Estado”. Corroborando esta afirmación, recalcó: “Las alertas tempranas que hemos emitido todo este tiempo por parte de la Defensoría del Pueblo abarcan al 72 % de la población, estamos hablando de un aproximado de 396 mil personas, de 550mil habitantes del departamento del Chocó. Nos preocupa de manera significativa los riegos de vulneración de derechos humanos que se desprenden de esta situación” (https://www.radionacional.co/noticias-colombia/intervencion-urgente-emergencia- humanitaria-en).
Dando cuenta de la situación de aguda crisis en el departamento del Chocó, la Procuraduría General de la Nación, expidió el 6 de enero del 2021, la Directiva 002, que tiene como objetivo dar “DIRECTRICES PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN ESTRUCTURAL A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, QUE RESUELVA LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, ASI COMO LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH) E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH) EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ” (Cfr. https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Directiva%20002.pdf).
Lo expresado por las Misiones, tiene como base la libertad de expresión (art. 19 DUDH; art. 4 DADH; art. 19.2 PIDCP; art. 13.1 CADH, Principio 2 de Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión; y Principio 1,B de Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información), así como la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, en donde como ha precisado el Comité de Derechos Humanos “[l]os Estados partes no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el ejército o la administración”1.
Oportuno es recordar lo concluido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos según lo cual, “en una sociedad democrática las entidades y funcionarios del Estado deben estar expuestos al escrutinio y a la crítica, y por ello sus actividades se insertan en la esfera del debate público. Esto es particularmente cierto en todo debate que busque contribuir a la eliminación efectiva de las violaciones de los derechos humanos. Las acciones de denuncia, el escrutinio de las instituciones y funcionarios del Estado, así como la difusión de información y opinión forma parte esencial de la labor de las y los defensores de derechos humanos.”2.
Lo afirmado por las Misiones es el fruto de la contrastación y recolección de testimonios de comunidades, víctimas y acompañantes, por tanto, lo que se impone es “proteger a quienes hacen denuncias contra funcionarios públicos por presuntas violaciones de los derechos humanos, incluso a costa de exigir a los funcionarios el deber especial de asumir un mayor margen de tolerancia frente a la crítica, es una medida indispensable para asegurar que no habrá una doble victimización, que la sociedad podrá conocer y debatir estos hechos con libertad, y que la justicia encontrará el mejor ambiente para ser realizada”3. La calificación de la veracidad de las conclusiones de las Misiones Humanitarias, no puede provenir de los actores del conflicto, ni de los funcionarios públicos involucrados, pues ello lesiona el
1 Observación general Nº 34: Artículo 19, Libertad de opinión y libertad de expresión, 2011, párrafo 38.
2 Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/15, de 31 de diciembre de 2015, párrafos 99 y 100.
3 Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, de 31 de diciembre de 2011, párrafo 105. derecho a la verdad y a saber de lo ocurrido, además que restringe el desarrollo de su labor, la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la participación.
Con base en lo anterior, las organizaciones firmantes del documento del 18 de noviembre y de esta carta, ratificando lo allí expuesto, damos respuesta a los requerimientos de oficiales del Ejército Nacional, por intermedio del Presidente de la República en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Militares. y solicitamos, con carácter de urgencia, una reunión con autoridades de alto nivel del Gobierno Nacional, acompañada por el Ministerio Público (Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) y por garantes de la comunidad internacional, entre ellas la OACNUDH.
La reunión solicitada, tendrá como objetivos:
a. Realizar un diálogo transparente y respetuoso sobre los puntos planteados por las organizaciones sociales, etnicoterritoriales e Iglesias en el documento difundido el 18 de noviembre pasado y profundizar en las motivaciones y acciones de la sociedad civil, evidenciando las denuncias de las comunidades y el trabajo de acompañamiento humanitario que realizan las autoridades étnicas y las Iglesias, en el Chocó, el Occidente de Antioquia y en toda la región del Pacífico.
b. Concretar respuestas integrales, inmediatas y eficaces, desde las distintas instancias del Estado y Gobierno a fin de detener la violencia y atender la crisis humanitaria que afecta gravemente la vida y supervivencia de las comunidades del Chocó, occidente antioqueño y Pacífico en general.
Nos preocupa que la respuesta del Estado ante la grave situación social, visibilizada a través de las misiones humanitarias, sólo tenga una respuesta de negación que pueda contener en el fondo la intencionalidad de silenciar lo que está ocurriendo en el Chocó y occidente de Antioquia.
Quedamos a la espera de la pronta respuesta para dicha reunión.
Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Mesa De Concertación De Los Pueblos Indígenas Del Chocó, Organización Indígena De Antioquia, Cocomacia, Acaba, Ascoba, Acadesan, Cocominsa, Asocomesan, Comité Por Las Víctimas De Bojayá, Pcn, Conpa, Arquidiócesis De Santa Fe De Antioquia, Diócesis De Apartadó, Diócesis De Quibdó, Diócesis De Istmina-Tadó, Misioneras De La Madre Laura, Religiosos Claretianos, Iglesia Evangélica Luterana De Colombia, Iglesia Colombiana Metodista, Iglesia Presbiteriana, Coordinación Regional Del Pacífico, Civp, Sizocc, Colectivo Ansur, Sicsal Oscar Arnulfo Romero, Codhes, Ciederpaz.
