Homicidios sistemáticos, conflicto armado, impunidad y silencio institucional
Nhora Lucía Álvarez Borrás, Directora Fundación Círculo de Estudios
En los barrios de Quibdó Kennedy, El Reposo, Samper y Álamos, ser joven es un desafío y un factor de riesgo mortal. Desde 2015, más de 800 niñas, niños y jóvenes han sido asesinados, un alto porcentaje entre los 17 y 21 años; en un fenómeno de violencia sistemática sin precedentes que refleja un entramado de control armado, economías ilegales y abandono estatal, prevalece un contexto de violencia estructural y “gobierno” de los inquebrantables grupos armados organizados al margen de la ley, a los niños, niñas y jóvenes se les arrebata la vida antes de tener opción.
A la sombra de un conflicto armado que nunca terminó, el Chocó hoy es epicentro de una disputa sin tregua entre ELN, Auto defensas Gaitanistas de Colombia (ACG) – (Clan del Golfo), los mexicanos y las estructuras urbanas que están al servicio de estas grandes agrupaciones: los palmeños, renacer, los del reposo, fuerzas revolucionarias de Cabí, los Zetas, los de Kennedy y los locos Yam; cada uno con sus propios ejércitos, economías y códigos de violencia, mantienen el control poblacional y territorial, en una ciudad donde el 61% de la población vive en pobreza y el 34% en pobreza extrema; estos grupos armados aprovechan la vulnerabilidas de la población para establecer un imperio de terror, sumisión, silencio, opresión y ejercen todo tipo de violaciones a la libertad, la vida y la integridad de las y los ciudadanos.
Los datos son desoladores: entre 2020 y 2024 se registraron 759 homicidios de niños, niñas y jóvenes en Quibdó. En 2024, hubo 151 homicidios, 41 más que el año anterior (2023). Las víctimas tenían entre 17 y 26 años, muchos eran estudiantes, otros líderes sociales, rapimoteros, vendedores ambulantes, distintos entre ellos y ellas pero todos/as, comparten ser
víctimas de una falla sistemática en la garantía de sus derechos, del racismo y discriminación representados en el abandono institucional.
La Fundación Círculo de Estudios, con trabajo en terreno desde 2012, ha documentado esta realidad desde el acompañamiento psicosocial, legal, y ha encontrado una maquinaria de muerte tan compleja como sistemática en la que los niños, niñas y jóvenes se ven forzados a integrarse a los grupos armados. En un sistema intrincado de presión, que combina la falta de satisfacción de las necesidades básicas, la dificultad de concretar proyectos tales como la educación, la ausencia de oportunidades laborales, la impunidad, y las consecuencias emocionales de ver y vivir la violencia contra sus seres queridos -porque en casi todas las familias de estos niños, niñas y jóvenes ha muerto alguien de forma violenta-, se han cultivado rabias, sentimientos de venganza y la frustración, tanto por la violencia, como por la impunidad.
En este contexto la vinculación y el reclutamiento es un proceso automático, en Quibdó todas las personas son “de alguien” no hay margen para la neutralidad. “No es que los jóvenes elijan entrar a un grupo armado, es que no tienen opción; si vives en un barrio controlado por los urabeños, automáticamente eres urabeño y no puedes ir a un barrio de los mexicanos porque es como sí el contrario se le metiera al territorio y eso ya es un motivo para que le asesinen a uno al hijo” (testimonio de madre de joven asesinado). En este sistema de poder desproporcionado de los actores armados, no existe posibilidad real de la sociedad civil de disentir.
Este “reclutamiento automático” ha sido normalizado, y mientras la sociedad culpa a las madres por «no saber criar a sus hijos» y a los jóvenes por “buscar el camino fácil”; la narrativa hegemónica invisibiliza importantes hechos tales como: que los grupos armados en su accionar obligan, amenazan o instrumentaliza a niños, niñas, adolescentes y jóvenes; que casi el 100% de los homicidios siguen en total impunidad; que los grupos armados están en connivencia con las fuerzas del estado y que la institucionalidad guarda silencio. “Mi hijo no era un delincuente. Él solo quería estudiar, trabajar. Pero vivíamos en un barrio que estaba marcado. Y si te marcan, estás
muerto. Aquí, si hablas, también mueres. Pero si callas, mueres por dentro. Por eso seguimos las madres y cuidadoras contando nuestra historia” (testimonio de madre integrante de la Red de madres y cuidadoras)
Los niños, niñas y jóvenes en estos barrios son observados, probados, presionados, sus familias hostigadas hasta finalmente ser cooptados y entrenados por los grupos armados para el sicariato, la vigilancia, el tráfico de drogas, los convierten en carritos, campaneros, y les ponen un alias, de esta forma, se van viendo despojados de su infancia y de su identidad, se determina su destino, que en la mayoría de los casos es una muerte temprana y violenta. A los nueve años, algunos ya saben cargar un arma, custodiar un punto o ejecutar una orden y ya pueden haber cometido su primer asesinato. “El que ejecutó la muerte de mi hijo fue un niño de 9 años, a mi hijo lo querían reclutar, además nos habían matado ya al hermanito, a mi otro hijo, ellos creían que mi hijo quería vengar la muerte de su hermanito y nos mandaron un sicarito de
9 años” (Testimonio de madre de un joven asesinado)
Para las niñas, el destino no es menos trágico: son víctimas de la instrumentalización afectiva por parte de actores armados, quienes someten su vida, pensamientos, comportamientos y sexualidad al control. Estas relaciones encubren múltiples delitos como violencia sexual, explotación infantil, reclutamiento, violencia física, psicológica y homicidio. Los grupos armados, mayoritariamente masculinos, establecen estos vínculos con el objetivo de obtener información y ampliar su control territorial. Se trata de un ejercicio de poder disfrazado de afecto, donde se ofrecen recursos económicos y “protección” para imponer relaciones profundamente desiguales. La diferencia de edad, la posición socioeconómica y el poder militar impiden que niñas y jóvenes ejerzan sus derechos, autonomía e independencia, terminando atrapadas en las dinámicas violentas del grupo armado. Muchas se ven involucradas en actividades ilícitas, enfrentamientos, y sus vidas se convierten en blanco de venganza y violencia por parte de sus propias parejas o miembros del grupo. Desde 2020, el equipo psicosocial del Círculo de Estudios ha conocido al menos 39 casos de feminicidios en Quibdó y sus alrededores vinculados a este tipo de vinculacióm.
Esta violencia no solo mata cuerpos, destruye familias, ha desdibujado el sentido de comunidad, de vecindad, de apoyo, y ha impedido que varias generaciones experimenten la confianza, ha empobrecido el presente y el futuro de los y las Quibdoseños; muchas niñas y niños sufren el trauma derivado de presenciar ejecuciones violentas; las madres se enferman por el duelo no resuelto de la perdida de sus hijos y el dolor de saber que el victimario era alguien de su comunidad “yo a él le daba comida, de chiquito pasaba el tiempo en la casa con mis hijos, normal, como en cualquier barrio, crecieron juntos”(Testimonio de madre de un joven asesinado).
El horror de la violencia en Quibdó no termina con la imagen de un niño de 9 años empuñando un arma y matando a su vecino por orden del clan del golfo, de los mexicanos o el ELN, o con el homicidio de una niña de 16 años en su propia cama a manos de sicarios siendo acusada de ser infiltrada de la agrupación contraria; el horror continua con la existencia de casas de tortura, mutilación y asesinato de niños, niñas y jóvenes, la existencia de estos escenarios de dolor se han constituido en un símbolo del abandono institucional y en la evidencia de la connivencia entre actores armados y Estado. siguen ahí, intactas, ignoradas, disponibles. “Hay funcionarios que extorsionan, trafican, mandan a matar, obstaculizan investigaciones, aquí no hay ley ni orden y menos confianza institucional” (Testimonio de ciudadana Quibdoseña).
Mientras tanto, además de los comunicados de la fundación Círculo de Estudios, el clamor de las madres y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo Regional, desde hace muchos años son inexistentes los pronunciamientos oficiales que reconozcan el fenómeno, las acciones reales del Estado para atender el daño, y las garantías de no repetición.
Ante este fenómeno en Quibdó el Estado, aparece de forma fragmentaria, reactiva, en ocasiones como agresor. Con una infraestructura judicial precaria cargada de prejuicios y con una evidente aquiescencia y pasividad estatal/gubernamental ante el complejo sistema de las economías ilegales, se configura una estructura de impunidad funcional del conflicto en Quibdó y una absoluta indiferencia hacia las víctimas, falta
de voluntad, empatía y actuación en las investigaciones judiciales, cientos de casos fríos se archivan sin ninguna muestra de investigación, “en cinco años desde que mi hijo fue asesinado la fiscalía nunca me contactó”(Testimonio de madre de joven asesinado).
Ante esto Círculo de Estudios comenzó hace años el trabajo de acompañar a cientos de madres y cuidadoras de niñas, niños y jóvenes asesinados en el camino hacia la justicia y en el apoyo para el abordaje de los duelos. En este proceso fue evidente desde el inicio el desconocimiento de ellas acerca de sus derechos como víctimas, la falta de información sobre los procesos y procedimientos para acceder a sus derechos era muy escaso y en algunos casos inexistente, la madres y cuidadoras no tenían ninguna interlocución con las autoridades judiciales, intimidadas por su propio desconocimiento, por el miedo a la victimización secundaria, el señalamiento como reclamantes de justicia en un contexto en el que no hay garantías de no repetición.
En contra de las madres y cuidadoras se siguen perpetrando otras violaciones de sus derechos además de homicidio de sus hijas e hijos; el acceso a la justicia, la verdad y la reparación. Por estas razones Círculo de Estudios ha emprendido la labor de orientar a las madres, interlocutar con la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones, incidir y visibilizar la situación.
Y finalmente se han logrado avances, tres años después la Fiscalía General de la Nación ha creado en agosto de 2024 el Grupo de Tareas Especiales para la Investigación de Homicidios de niñas, niños y jóvenes en Quibdó, un grupo élite de investigadores, fiscales dispuestos a investigar, a dar impulso, empatizar y dialogar con las víctimas, y aunque esto representa un paso hacia la justicia de las madres y cuidadoras, se estrella contra una pared de silencio, el miedo generalizado de una ciudadanía amenazada en Quibdó todos lo saben, todos lo vieron, pero nadie puede hablar porque hacerlo puede costarles la vida.
Aunque el grupo de tareas especiales es un gran logro como resultado de toda la incidencia realizada y que son vistos como
importantes, pero sobretodo esperanzadores porque son esfuerzos encaminados al logro de sentencias en favor de las víctimas de homicidio, a la construcción de un discurso y jurisprudencia en el que matar tenga consecuencias, a una verdad que ayude en la transformación de los ciclos interminables de violencia y concrete garantías de no repetición de los hechos, y a unos procesos de reparación de las víctimas y sus comunidades en las que la mirada hacia las y los jóvenes se transforme, más allá de su utilitarismo para las labores de la guerra se respeten todos sus derechos de forma irrefutable y se garanticen todas las condiciones de una una vida digna.
Sin embargo, es un camino largo que encarna otros cuestionamientos, por ejemplo la verdad, al no estar lo autores materiales obligados a confesar el motivo de los crímenes, las madres seguirán teniendo un vacío aun cuando la detención y judicialización de los victimarios significa, un alivio y una luz de transformación en la relación con la justicia y sus instituciones. “¿Por qué mi hijo, que estaba en 11 grado y quería ir a la universidad, fue asesinado? Eso nunca lo voy a saber” (testimonio de madre de joven asesinado).
Hay un vacío legal y ético que impide la construcción de la verdad, estos de lesa humanidad no pueden tener la verdad como una opción, la verdad debe ser un derecho garantizado en el amplio sentido del concepto y que sea viable por medio de estas verdades desmantelar el intrincado conflicto armado en Quibdó que se ha enmascarado en lucha de bandas, ajuste de cuentas y delincuencia común, dejando por fuera de la óptica a los máximos responsables de los crímenes, aquellos que desde las grandes estructuras ordenan los crímenes y mantienen el conflicto y sus dinámicas como estrategia para dar continuidad a sus proyectos económicos y militares
Lo que ocurre en Quibdó no es solo una crisis local no es un fenómeno de violencia común, es una emergencia nacional en materia de Derechos Humanos que debe ser de interés internacional ya que los patrones, cifras, actores y contexto determinan que se trata de un fenómeno que cumple con los elementos de crímenes de Lesa Humanidad, por su sistematicidad, por su selectividad étnico-etaria niños, niñas y jóvenes
afrodescendientes, y por la connivencia del Estado. La exigencia no puede ser menor: verdad, justicia, reparación y garantías reales de no repetición. La juventud chocoana merece vivir, estudiar, no solo intentar sobrevivir.
En este contexto, el trabajo de organizaciones como la Fundación Círculo de Estudios y la Red de Madres y Cuidadoras es un acto de resistencia, de resistencia femenina, que en su corazón lleva una labor constante y rigurosa de documentación, protección, acompañamiento y representación judicial, esfuerzos articulados para luchar contra la impunidad y aunque el silencio ha sido acogido por ciudadanos y ciudadanas para asegurar su supervivencia hay voces que aún insisten.
