La gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curi, junto a alcaldes y representantes de Quibdó, Río Quito, Istmina y Bojayá, recibieron al embajador de España en Colombia, Joaquín de Arístegui, la Secretaria de Estado de Cooperación de España, Eva María Granados; y al equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), liderado en Colombia por Vicente Ortega Cámara y en América Latina y el Caribe por Laura Oroz Ulibarri.
La visita tuvo como eje central la revisión y el análisis de los logros y lecciones aprendidas en el marco del proyecto de Desarrollo Terriorial – PDT Chocó, fruto de la colaboración entre la gobernación del chocó, las alcaldías y el gobierno vasco. Además, se discutieron estrategias de desarrollo y proyecciones a futuro, reafirmando el compromiso de la cooperación española con el territorio y la renovación de acuerdos para continuar avanzando en conjunto.
La delegación española también programó visitas a varios municipios, con el objetivo de conocer de primera mano los impactos de su trabajo en el territorio.
El 25 de noviembre de 2009 el gobierno nacional suscribió con el gobierno de España el proyecto Plan de Inversiones “Todos por el Pacifico- Chocó”, para beneficiar a 13 municipios del Chocó, para incrementar la cobertura de agua potable y saneamiento básico.
El total de los recursos aportados por España para financiar proyectos en Chocó, Antioquia, Cauca y Nariño, fue de $25.710.419 Euros y el gobierno nacional $30.000 millones.
Como entidad encargada de adelantar los procesos de selección y de ejecución de las obras y sus correspondientes interventorías, en el departamento del Chocó, fue escogida Aguas y Aguas, con quien se suscribió el Contrato Interadministrativo No 186 de 2010, por un valor inicial de $103.693 millones y comprometido de $141.400 millones.
Este proyecto financiado por España ha atravesado un tortuoso camino, no se han cumplido los plazos en su ejecución y tiene graves incumplimientos en varios municipios. Las obras no han sido terminadas y no hay responsable.
También España ha respaldado otros convenios con la Cruz Roja Española, que trabaja por la reducción del impacto que generan las minas antipersonas; y otro con el Instituto de Estudios Políticos para América Latina que, junto con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, realizan acompañamiento a comunidades en defensa de los derechos humanos.
