Chaverra Mena
Por Jackson Eustaquio Chaverra Mena
En el vibrante tapiz cultural de Medellín, un episodio inquietante se desarrolla, destacando no solo la riqueza de su diversidad sino también las sombras de prejuicios que aún persisten. El abogado chocoano William Yeffer Vivas Lloreda, una figura emblemática de mérito y dedicación, se encuentra injustamente en el centro de un torbellino no por fallos en su carácter o profesionalismo, sino por su sobresaliente competencia. Su viaje hacia la Personería municipal de Medellín ha sido una odisea marcada por la excelencia académica y un servicio público incansable, que ahora se ve empañado por ataques infundados que rayan en la xenofobia y el racismo.
Distinguido por su trayectoria desde su natal Lloró, se destacó mucho antes de asumir su rol en la Personería de Medellín. Su vida, rica en logros académicos y profesionales, se cimentó sobre bases de esfuerzo y mérito, no de circunstancias fortuitas o conveniencia. Este abogado egresado de la UTCH con una vasta experiencia como contralor provincial, defensor público, personero municipal, comisario de familia, inspector municipal, secretario de gobierno, asesor jurídico municipal, litigante, muestra sin hesitaciones la evidencia de un camino profesional construido con diligencia y pasión por la justicia.
Cinco especializaciones, tres maestrías, un doctorado y más de catorce libros de su autoría y coautoría adornan su currículum como docente universitario en pregrado y postgrado de prestigiosas universidades, al igual que como conferencista nacional e internacional. Dan fe de su innegable influencia como académico. Los bienes y el nivel de vida que ha logrado no son inmerecidos.
Superar todos los concursos de mérito es el resultado natural de una carrera definida por la integridad y la excelencia. No es un recién llegado adornado con logros advenedizos; su trayectoria no es accidental. Está repleta de distinciones que legítimamente ha ganado. Los intentos por desacreditarlo ignoran un hecho indiscutible: ha superado a todos sus competidores en justa lid, demostrando ser el más cualificado para la personería de Medellín en dos ocasiones.
Al aceptar la responsabilidad de la personería, Vivas Lloreda no buscaba una plataforma para la autopromoción material; ya disfrutaba de un estándar de vida muy merecido, producto de décadas de servicio. Paradójico que, en un contexto donde es normal y legal que servidores públicos con menos credenciales, ínfimos pergaminos y una incipiente experiencia disfrutan de un estándar de vida comparable, hoy se cuestione la legitimidad de quien desde antaño posee muchas más valías y mejores estandartes.
El Dr. William Yeffer, elegido hace cuatro años como Personero de Medellín a pesar de la feroz oposición de un fuerte sector de la sociedad antioqueña, enfrenta nuevamente desafíos similares. En aquella ocasión, adversarios intentaron judicialmente impedir su nombramiento, incluyendo la repetición de las pruebas de conocimiento. Hoy, la historia se repite, con intentos de cuestionar su legitimidad a través de medios que bordean la violación de la privacidad y atacan a su familia, lo cual refleja no solo una patente misoginia sino también rasgos claros y persistentes de xenofobia y racismo. La situación de William Yeffer es emblemática para los chocoanos, trasciende las barreras de una lucha individual a una mucho más amplia contra la discriminación y la injusticia.
Ante la inminencia de su nombramiento, surge un esfuerzo concertado no solo para mancillar su reputación sino para impedir que asuma el cargo que legalmente le corresponde. Una lapidación moral como intento vano de obstruir un proceso que la ley y la jurisprudencia han delineado claramente.
La legislación colombiana, reforzada por pronunciamientos judiciales, establece sin lugar a dudas que el primero en la lista de elegibles debe ser nombrado, y desviarse de esta directriz constituye un acto de prevaricato y una evidente falla disciplinaria. También dicta que cualquier controversia sobre sus actuaciones debe dirimirse en las instancias judiciales adecuadas, no en tribunales públicos de opinión, asegurando así el respeto al debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de todos los involucrados.
Los que se oponen a su nombramiento, bajo la falsa bandera de la preocupación cívica, incurren en un riesgo legal significativo. La insistencia en obstruir el proceso de meritocrático revela una predisposición no solo hacia la discriminación sino hacia la ilegalidad. Pueden cometer un delito penado con prisión y una falta disciplinaria grave que acarrearía a la destitución.
El artículo 313-8 de la Constitución Política señala que es al Concejo Municipal que le corresponde elegir Personero para el período que fije la ley, mientras que la ley 136 de 1994, establece en su artículo 170 que este será previo concurso público de méritos, para lo que el Decreto 2485 de 2014 dispone que: “Con los resultados de las pruebas el concejo municipal o distrital elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con la cual se cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe el primer puesto de la lista.”
Esta disposición constitucional y las demás normativas legales son la espada institucional que posee el abogado William Yeffer Vivas Lloreda para ser investido nuevamente como Personero de Medellín. Nada qué hacer.
Uno de los ataques se centra en la supuesta complicidad con el exalcalde Daniel Quintero al no investigarlo disciplinariamente. Quienes así lo hacen, soslayan el hecho de que las investigaciones relativas a la actuación de los burgomaestres competen exclusivamente a la Procuraduría General de la Nación. Así lo dicta el artículo 83 de la ley 1952 de 2019.
Frente a este panorama, surge la pregunta: ¿Por qué sectores políticos cuestionan la labor del personero en contextos que claramente exceden su ámbito de acción?
Si la ley dicta que debe nombrarse al primero de la lista de elegibles, ¿Por qué quieren repetir el concurso otra vez?
La única respuesta que surge es esta: No les gusta que un negro chocoano nuevamente lo haya ganado. ¡Punto!
No reconocer a este virtuoso chocoano en esta posición sería no solo un desprecio por los principios de mérito y capacidad que deben guiar nuestras instituciones, sino también un quebrantamiento institucional grave. Aquellos sectores que con vehemencia claman por el respeto a la legalidad y la integridad de nuestras estructuras jurídico-políticas se encuentran, paradójicamente, en la encrucijada de sus propias demandas. La negativa a nombrarlo, pese a su evidente idoneidad y los claros mandatos legales, revelaría una discordancia profunda entre el discurso y la práctica, entre el ideal de la legalidad y las acciones que lo socavan.
Por lo tanto, el camino a seguir es claro y está marcado por la ley: William Yeffer Vivas Lloreda debe ser nombrado como personero municipal de Medellín. Este acto no solo sería una victoria para él como individuo, sino, más importante aún, para el respeto a la ley, la meritocracia y la integridad institucional en Colombia.
El concejo de Medellín tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo, demostrando que la legalidad y el respeto por los procesos democráticos prevalecen sobre cualquier interés partidista o racial.
