El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que “no existe territorio vedado para la Fuerza Pública” y que se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía contra líderes indígenas del resguardo indígena La Puria, Río Claro, por el secuestro de 18 soldados en el municipio de Carmen de Atrato.
Según Sánchez, el Ejército se encontraba desarrollando operaciones legítimas contra el ELN en la zona, con el objetivo de proteger a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas, de amenazas como el reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia.
El ministro indicó que, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, la Gobernación del Chocó y organismos de derechos humanos, se activaron los canales institucionales para lograr la liberación inmediata de los uniformados.
Entre los delitos señalados por el caso se incluyen obstrucción a la función pública y otros penales agravados, dado que los soldados son servidores públicos en cumplimiento de una misión constitucional.
“El secuestro de nuestros soldados constituye otros delitos graves, entre ellos la obstrucción a la función pública y otros tipos penales agravados, al tratarse de servidores públicos en cumplimiento de una misión constitucional. Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares.”, dijo el Ministro Sánchez.
“Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia, así como dar respuesta a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.”, manifestó.
Y agregó: “La Constitución y la ley son claras: la Fuerza Pública tiene el deber y la facultad de estar donde sea necesario para proteger la vida, la libertad y la seguridad de todos los colombianos.”
El secuestro o retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en el conflicto en el que, según las autoridades, los habitantes de zonas remotas son “instrumentalizados” por guerrilleros o narcotraficantes para que impidan las operaciones en su contra.
