Por Luis Eduardo Valencia
A esta altura, ya para nadie es un secreto que el mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes. Geoffrey Hinton, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, advirtió recientemente que “veremos más cambios en los próximos cinco años que en los últimos cincuenta”. La inteligencia artificial ya no es una promesa futura: es una fuerza activa que está reconfigurando las economías globales: automatizando procesos, transformando ocupaciones y replanteando los fundamentos sobre los que hemos construido nuestra vida productiva. Este avance tecnológico propone oportunidades. Sí, pero también desafíos profundos, especialmente para regiones que por décadas han estado al margen de los beneficios materiales que ofrecen las economías sólidas.
En Colombia, el impacto apenas comienza a notarse, pero los síntomas ya son visibles: muchas actividades productivas están adoptando tecnologías que permiten operar con menos personal y mayor automatización. Se estima que en los próximos años más de 1.4 millones de empleos podrían desaparecer a causa de la inteligencia artificial y la transformación digital. En zonas conectadas, con acceso a educación técnica, redes de innovación y programas de reconversión laboral, esto representará un desafío complejo pero manejable. Pero acá en el Chocó, donde el desempleo supera el 35%, menos del 10% de la población tiene acceso a internet de calidad, y cerca del 70% de los trabajadores están en la informalidad el mismo fenómeno podría convertirse en un colapso silencioso. No por la tecnología en sí, sino por la falta de condiciones para adaptarnos a su impacto.
Aquí en el Chocó no hay redes de contención, ni mercados laborales robustos, ni economías diversificadas. Más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional, y solo una de cada cinco personas accede a educación superior, la conectividad es limitada y en muchas zonas del territorio la infraestructura productiva es casi inexistente.
Mientras otras regiones debaten sobre cómo adaptarse a la pérdida de empleos por la automatización, nosotros seguimos esperando que lleguen las primeras oportunidades formales de esos empleos. En otras palabras: los empleos que desaparecen en otros lugares aquí ni siquiera existirán.
Hay algo más profundo que las cifras. No es solo cuestión de cuántos empleos se pierdan, sino de la lógica que sostiene al sistema mismo. Cuando el bienestar de millones personas reposa sobre la idea de tener empleo, y ese empleo desaparece, entonces ¿qué queda? Se desmorona la estructura que daba sentido y legitimidad al orden económico, y con ella la promesa de que quien trabaja merece vivir bien, mientras quien no, merece su suerte.
Frente a este escenario, ha surgido una propuesta que está empezando a desatar polémica, Y ha ido ganando terreno, la idea de la renta básica universal. Un ingreso mensual para cada persona, sin importar si tiene un empleo o no, como garantía mínima para una existencia digna. En Colombia ya existen versiones limitadas de algo así, véase (Ingreso solidario). Esta propuesta, sin embargo, no apunta a resolver los problemas inherentes al modelo económico vigente, más bien intenta perpetuar su existencia sin cuestionar sus causas.
Poner sobre la mesa el tema de la renta básica universal es reconocer que estamos entrando en un mundo donde el trabajo humano, tal como lo conocimos, dejará de ser necesario para el sistema. Querer implementar la renta básica universal es admitir que la ecuación empleo = bienestar ha dejado de funcionar. Que mantener a
millones de personas conectadas a un sistema que ya no las necesita como fuerza laboral, pero que tampoco les garantiza una vida digna, es insostenible y, en muchos casos, cruel.
Si todo lo anterior es cierto, entonces no basta con ajustes marginales: hay que replantearlo todo. Es necesario desmantelar todo aquello que no sustente la vida. Cambiar las reglas de juego, esas mismas que han normalizado la precariedad y la exclusión. Así será posible reconfigurar el sistema de modo que produzca condiciones auténticas de bienestar.
Aquí es donde una idea aún más radical cobra todo el sentido, pues si el problema es estructural, la respuesta también debe serlo. Existe un modelo que plantea reorganizar la producción y distribución de bienes y servicios a partir de las capacidades reales del entorno y las necesidades humanas verificables, utilizando la ciencia, la tecnología y la planificación estratégica como herramientas centrales.
La Economía Basada En Recursos. Este enfoque prioriza el uso racional de los recursos disponibles, minimiza el desperdicio, automatiza procesos repetitivos y promueve la colaboración sobre la competencia. Uno de sus efectos más relevantes es reducción de la dependencia del dinero como único filtro de acceso a los bienes y servicios esenciales. En lugar de repartir dinero para paliar las fallas del sistema, la Economía Basada En Recursos rediseña su arquitectura para que, justamente, esas fallas no ocurran.
Esto, en apariencia, suena más a una fantasía escandinava que a la realidad cotidiana de los pueblos de Pacífico colombiano. Pero esto no es nada nuevo, todo lo contrario, ya lo hemos vivido antes.
Durante siglos, las comunidades negras e indígenas han operado bajo lógicas similares: compartir el alimento, cuidar el territorio, respetar los ciclos naturales. La minga y el mano cambiada son prácticas que revelan otras formas olvidadas de organizar la vida. Hoy, esos saberes pueden encontrar en la tecnología un gran aliado. Sistemas de gestión de desechos y generación de energía comunitarios, jardines comestibles y huertas urbanas, redes locales de cuidado y centros de aprendizaje basados en la cultura viva.
¿Utopía? Tal vez. Pero es preferible apostar por una posibilidad ambiciosa que resignarse a un futuro predecible y devastador. Porque si no hacemos nada, lo que nos espera es el deterioro acelerado de las condiciones de vida. Más desempleo, más migración forzada, más abandono institucional, más jóvenes atrapados entre la violencia y el exilio. Soy consciente de que este camino tiene grandes desafíos. Habrá errores, resistencia, intereses opuestos, viejas estructuras que habrá que desmontar. Pero son preferibles esos obstáculos a seguir caminando directo hacia el colapso de nuestra sociedad con los ojos cerrados.
Empecemos por hablar del tema con todas sus letras, por cuestionar nuestros hábitos de consumo. Abrir espacios de aprendizaje y redes de cuidado mutuo que ayuden a reconstruir nuestro sentido de comunidad. Es urgente dejar de pensar en medir nuestro desarrollo en términos de PIB y de número de empleos, en su lugar empezar a implementar métricas que describan y promuevan el bienestar real (Véase el caso de Bután). En este momento histórico es válido y pertinente atreverse a pensar en el Chocó como un territorio en el que no se dependa exclusivamente del dinero como única forma de existir con dignidad. Y que el espacio físico de nuestros pueblos y ciudades sea un vivo reflejo de esa búsqueda. Porque si cambiamos la forma en que vemos el progreso, cambiamos también el rumbo que tomamos como sociedad. Necesitamos recuperar la capacidad de decidir cómo queremos vivir y construir las condiciones para hacerlo posible. Porque el futuro no se espera, se construye.
