Esta columna fue escrita por Natalia Romero con apoyo de María Fernanda Rodríguez, Juan Esteban Mosquera y Yailisbeth Garagate, del equipo de salud mental y atención psicosocial de la misión Colombia de Médicos Sin Fronteras.
Hay un patrón, casi un ritual.
Una mujer indígena Embera de Chocó toma la decisión de quitarse la vida porque no puede garantizar el alimento para sus hijos, está agotada del maltrato que vive por parte de su pareja y no encuentra respuestas en el gobierno indígena ni en el municipal. Va al río y lava toda la ropa sucia que tiene en casa. Vuelve y cuelga las prendas. Se tinta el cuerpo de jagua, se pone sus mejores shakiras y dos parumas, telas largas y coloridas que fungen como faldas tradicionales Embera. Prepara chicha. Bebe y le lleva a sus vecinos. Va a donde su mamá y le deja sus hijos. Dice que ahora regresa. Se adentra en el monte o regresa a la casa. Se quita las dos parumas y se cuelga de ellas. Se quita la vida.
La conducta suicida en comunidades indígenas, principalmente en mujeres, sigue siendo una problemática en el departamento de Chocó. Desde Médicos Sin Fronteras (MSF) lo hemos visto directamente en el Alto Baudó. Allí, las personas viven en medio de múltiples formas de violencia, como la directa, por la confrontación de grupos armados que confinan y someten a los pobladores al riesgo de cruzarse con una mina antipersonal o un enfrentamiento; la estructural, por instituciones que no garantizan su acceso a salud, educación, alimento, ni agua potable, y la socioespacial que les imposibilita construir armonía, de acuerdo con sus costumbres, en su territorio.
Un incremento sin registro oficial
Para hablar de suicidio, hay que partir del amplio subregistro que hay en Chocó, porque en Colombia solo el Instituto de Medicina Legal puede denominar una muerte como tal y no suele llegar a estos territorios, entonces la disposición de los cuerpos la hace la comunidad y la información llega solo a través de registros no oficiales. En MSF hemos capacitado a agentes comunitarios para la identificación de signos de alarma en salud, entre ellos, de salud mental; y solo en 2023 recibimos notificación de 21 intentos de suicidio y 11 suicidios, y en 2024 con corte a julio, 9 intentos y 5 consumados.
Aunque como organización no podemos certificar situaciones relacionadas con la conducta suicida, estas cifras son alarmantes si se tiene en cuenta que Alto Baudó tiene 28.000 habitantes y que, en 2022, según Medicina Legal, la tasa de suicidio en Colombia fue de 5.49 por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que solo en Alto Baudó la tasa puede ser casi 8 veces más alta que la nacional.
Entre instituciones y medios se han dado distintas alertas recientemente, pero lo cierto es que no hay un punto de partida claro sobre cuándo se inició este aumento. Según nos cuentan líderes y organizaciones locales, el tema cobró relevancia hacia el año 2000 en los municipios del río Atrato con la agudización del conflicto armado, pero en el Baudó dicen que “eso no pasaba” hasta rondando el año 2020.
Las causas son múltiples, pero hay una que lo abarca todo: la pérdida de armonía en el territorio. La ley propia de las comunidades dice que sin territorio no hay identidad. Y aunque allí los grupos armados ya no asesinan a los líderes masivamente, sí han cercado a las poblaciones con estrategias como el confinamiento forzado y esto es como ponerles una soga en el cuello, porque no pueden moverse libremente en su propio territorio para conseguir lo más mínimo.
En Alto Baudó, los equipos han escuchado continuamente frases como: “ya no puedo ir a cazar o pescar porque no sé con quién me voy a encontrar, mejor me muero”; “ya no puedo ir a la finca porque de pronto hay minas, más bien… uno elige morirse”; “prefiero morirme antes que irme con un grupo armado”. El alimento, las labores cotidianas, la educación, el ocio, la vida están en riesgo por el control de los grupos armados, que además exacerba los vacíos estructurales existentes.
También es cuestión de género
En estas comunidades, las mujeres están en mayor riesgo. La colonización de la cultura occidental, las economías ilegales, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, entre otras costumbres ajenas, han cambiado la imagen de la mujer en la comunidad: la han cosificado. Todo esto, sumado a la inoperancia del gobierno propio y las instituciones estatales, ha incrementado la violencia intrafamiliar y la basada en género según las mujeres en comunidad.
Hace poco conocimos el caso de una mujer a la que el esposo la maltrataba, la insultaba y la golpeaba. Toda la comunidad sabía y nadie hacía nada. Por las limitaciones del lugar, ella tampoco podía cumplir totalmente con el rol socialmente asignado en comunidad de cuidar y alimentar a sus hijos. Intentó tres veces quitarse la vida.
Es frustrante decirlo una vez más, pero parece que esta situación a pocos les importa. A nivel oficial, en Alto Baudó solo hay dos psicólogas para 28.000 personas y la atención especializada en salud mental es escasa y con barreras administrativas asociadas con las largas espera en la consulta. A raíz de la labor de prevención, identificación y remisión de síntomas relacionados con suicidio que nuestros promotores y agentes comunitarios llevan haciendo desde 2022, desde MSF decidimos realizar una intervención adicional en salud mental durante 2024.
En Agua Clara, una de las comunidades indígenas en donde hemos identificado necesidades en esa materia, desarrollamos talleres de psicoeducación con mujeres cuidadoras, niños y niñas para el reconocimiento y manejo de emociones y con padres y madres sobre parentalidad positiva. Trabajamos con la comunidad en herramientas para que su respuesta ante la violencia y la falta de armonía no sea el suicidio y abrimos la conversación para dejar de normalizar prácticas violentas por parte de los hombres. Además, hicimos formaciones con líderes y maestros sobre el cuidado de la comunidad, identificación de víctimas de violencia sexual, primeros auxilios psicológicos y acceso a la ruta institucional.
Desde MSF hemos sido testigos de que el campo de trabajo en salud mental en Chocó es un terreno muy fértil: líderes, maestros y sanadores propios están abiertos a comprender y a identificar, pero hacen falta mayores recursos y acciones coordinadas para atender esta problemática. Esta columna es un llamado a las instituciones implicadas a hacerlo.
Natalia Romero Peñuela
Gestora de comunicaciones de Médicos Sin Fronteras en Colombia y Panamá. Periodista y realizadora audiovisual, con experiencia en cubrimiento de conflicto armado, cultivos de uso ilícito y la implementación del Acuerdo de paz con las FARC.
