Quibdó (Chocó), 13 de abril de 2026 (@DefensoriaCol). Al tratarse de una población históricamente afectada por diferentes formas de violencia, ausencia estatal y un contexto humanitario crítico, la Defensoría del Pueblo estuvo en los corregimientos Encharcazón, Viro Viro y Tadocitico, del municipio de Río Iró, Chocó. Allí atendió, en un trabajo interinstitucional coordinado, a 557 personas; la mayoría de ellas, víctimas del conflicto armado.
La entidad nacional de derechos humanos movilizó en las tres jorndas Buen Futuro Hoy a un equipo de profesionales de las diferentes delegadas y su Regional Chocó para dar orientación jurídica, acompañamiento psicosocial y formación en derechos humanos. Sobre esto último, dictó talleres exprés dirigidos a población étnica, teniendo en cuenta que ha sufrido desplazamientos y confinamientos forzados, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, restricciones a la movilidad, entre otros hechos, en el desarrollo de las hostilidades.
Por el derecho fundamental a la salud
Ante la dificultad de los habitantes para trasladarse hasta la cabecera municipal, las acciones orientadas al restablecimiento del derecho a la salud estuvieron a cargo de las entidades promotoras de salud EPS Sanitas, Comfachocó y Nueva EPS, que atendieron casos sobre afiliaciones y traslados, principalmente.
Por su parte, la institución prestadora de salud IPS Medichocó desplegó una unidad móvil con servicios de medicina general y vacunación. Los Equipos Básicos de Salud de Condoto aportaron un enfoque diferencial, con la participación de una partera y profesionales en gestión social y temas ambientales.
Labor de la Dian y otros entes
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) brindó atención para la expedición y consulta del Registro Único Tributario (RUT), esencial para que la comunidad, en calidad de contribuyente, pueda hacer trámites bancarios, entre otros servicios.
En el caso de la Alcaldía Municipal de Río Iró, ofreció sus servicios de enlace de la Unidad para las Víctimas (Uariv) y de asesorías en los programas de Adulto Mayor, Renta Ciudadana y del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).
La Personería Municipal brindó asesorías sobre el estado de indemnizaciones y tomó declaraciones, con el acompañamiento de la Uariv. Adicionalmente, fue socializada la Ley 2421 de 2024, que da cuenta sobre los plazos para declarar hechos victimizantes, tema importante porque empodera a la comunidad en su proceso de reparación integral.
Protección de entornos escolares y proceso de escucha
Con su estrategia ‘Espacios libres de odio’, la Defensoría capacitó a docentes en la identificación de problemáticas que puedan afectar al estudiantado de Río Iró, como el riesgo de reclutamiento forzado y el acoso escolar. De manera paralela, en sus visitas casa a casa verificó la situación de personas mayores y personas con discapacidad que enfrentan barreras de movilidad y la ausencia de redes de apoyo.
Las comunidades denunciaron el alto costo de los servicios públicos, la contaminación por minas antipersonal y el temor constante ante la disputa territorial de los grupos armados no estatales, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
De hecho, durante los recorridos hechos, la entidad evidenció marcas alusivas a estructuras ilegales en las fachadas de las viviendas y lugares públicos, lo cual refuerza la necesidad imperativa de una presencia estatal permanente.
Llamado de la Defensoría
A las autoridades locales y departamentales, la Defensoría del Pueblo las exhortó a trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de brigadas especiales y garantizar que el derecho a la salud no dependa de la capacidad económica de las y los habitantes de la zona rural de Río Iró para trasladarse al casco urbano o a otros centros urbanos para que sean atendidas y atendidos.
Igualmente, a optimizar la respuesta del Equipo de Acción Inmediata mediante roles claros y protocolos contra el reclutamiento. Además, asegurar la sostenibilidad de la jornada con un plan de acción que incluya responsables, tiempos y evaluación de compromisos.
También, a implementar rutas de atención en entornos educativos y capacitar a cuidadores en crianza positiva y fortalecimiento de vínculos afectivos.
Asimismo, a aumentar las visitas periódicas y oficinas móviles en zonas rurales, étnicas e indígenas para atender necesidades específicas y garantizar la inclusión social de poblaciones vulnerables.
La Defensoría seguirá llegando a los territorios más apartados y necesitados para aportar en la defensa y protección efectivas de los derechos humanos, como es su deber constitucional, en el Pacífico y demás regiones del territorio nacional.
